Luego de cinco extensas jornadas, el día martes 21 de noviembre, concluyó la audiencia preliminar en la causa que se conoce como “Emergencia Climática I” en Comodoro.
Las defensas plantearon sobreseimientos para sus asistidos luego que la Cámara en lo penal local, no hiciera lugar a las impugnaciones de las 11 defensas en contra de la resolución de la jueza Martini, que rechazó las peticiones de suspensión de juicio a prueba, y confirmar la misma en todos sus términos”. Por su parte el fiscal Iturrioz se opuso, ofreció prueba y solicitó se eleve la causa a juicio. Finalmente, la jueza penal resolvió admitir la prueba testimonial y documental de las partes, rechazó los pedidos de sobreseimiento y en 6 días dictará el auto de apertura a juicio de la causa.
La preliminar fue presidida por María Laura Martini, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general. La defensa de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, defensora pública; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, abogado de la defensa pública; la de Monasterolo por Guillermo Iglesias; y la de Astiz por Fabián Gabalachis; la Dra. Quintana por los hermanos Pérez, abogados particulares de los mismos.
“Emergencia Climática I” en Comodoro:
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister. Calificando provisoriamente la mayoría de los 36 hechos enunciados como “fraude a la Administración Pública”, en concurso real con “falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara
