Buscan que Chubut adhiera a la Ley Nacional de Víctimas: “Hay muchas cosas en donde quedamos fuera de la causa”

Noelia Alderete se reunió en la Unidad Regional con el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz y el procurador general Rodrigo Miquelarena para avanzar en un proyecto de adhesión y adecuación de Chubut a la Ley Nacional de Víctimas. Del encuentro también participaron Iván Báez, madre de un joven de 17 años asesinado en enero de 2025, los diputados provinciales Emanuel Fernández y Paulina Hogalde y la exdiputada nacional Ana Clara Romero.

Noelia Alderete participó de una reunión en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia con el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, y el procurador general Rodrigo Miquelarena, con el objetivo de avanzar en un proyecto de ley para que la provincia adhiera y adecúe su legislación a la Ley Nacional de Víctimas.

Del encuentro participaron además Iván Báez, madre de un joven de 17 años que fue herido de muerte el 1° de enero de 2025 en el barrio Padre Corti, los diputados provinciales Emanuel Fernández y Paulina Hogalde y la exdiputada nacional Ana Clara Romero.

Alderete explicó que la reunión había sido acordada previamente y que uno de los principales objetivos es que las víctimas de delitos y sus familias puedan contar con mayores herramientas durante los procesos judiciales.

“La intención es poder trabajar en la adhesión y la adecuación de la Ley de Víctimas nacional, porque Chubut no está adherida a esta ley, y me parece muy importante poder contar con los recursos y las herramientas que brinda”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la normativa nacional contempla derechos y mecanismos de acompañamiento más amplios que los existentes actualmente en la provincia.

“Nosotros, desde lo que vivimos, podemos ver que hay muchas cosas en donde quedamos fuera de la causa”, afirmó Alderete, quien explicó que una eventual adhesión permitiría que las víctimas puedan, entre otras herramientas, acceder al expediente, presentarse como querellantes y contar con asistencia legal proporcionada por el Estado.

Uno de los puntos centrales planteados durante el encuentro fue también la asistencia psicológica para las familias que atraviesan un homicidio.

Alderete relató su propia experiencia tras la muerte de su hijo: “Hace dos años y medio falleció mi hijo y a mí me hicieron una derivación al psicólogo. Todavía estoy en la búsqueda de conseguir un turno”.

Para la mujer, esta situación evidencia las dificultades que existen para acceder a atención en salud mental, incluso para personas que cuentan con obra social.

“Es muy difícil acceder a la parte de salud mental, incluso teniendo obra social. Entonces es ver todo esto que falta y la idea es poder trabajar para que esto cambie”, manifestó.

Según explicó, durante la reunión también se planteó que las consecuencias de un homicidio no son únicamente emocionales, sino que pueden generar importantes dificultades económicas para las familias.

En ese marco, se abordó la posibilidad de acceder a asistencia económica destinada a víctimas de homicidios dolosos. Alderete explicó que este tipo de ayuda ya existe, pero que muchas familias desconocen que pueden solicitarla y deben realizar el trámite correspondiente.

“Hoy vinimos con Ivana Báez, que también perdió a su hijo, y quedamos en realizar el trámite para que pueda recibir algún tipo de ayuda económica. Esto está para todos, en realidad. Todo el que pase por un homicidio doloso puede recibir esta ayuda. El tema es que hay que tramitarla y la gente se tiene que informar de que puede pedirla”, explicó.

Otro de los ejes de la iniciativa está relacionado con el acceso a la Justicia. Alderete recordó que en su propio caso intentó presentarse como querellante, pero aseguró que su pedido no prosperó.

“Muchas veces uno se presenta y no te aceptan. Yo presenté en su momento un escrito, un pedido como querellante y me dijeron que no hacía falta”, relató.

Por eso, consideró que las herramientas previstas en la legislación nacional podrían representar un cambio para las familias que atraviesan procesos judiciales complejos y que no cuentan con recursos para contratar un abogado particular.

“Muchas veces no todos tienen para abonar un abogado particular”, remarcó.

Alderete destacó además la predisposición encontrada durante la reunión y señaló que tanto Iturrioz como Miquelarena se comprometieron a continuar trabajando sobre el proyecto.

“La verdad es que es muy buena la predisposición, porque nos dejan sus números de teléfono y esto de seguir en contacto”, indicó.

Durante el encuentro, la propuesta escrita fue presentada formalmente para que pueda ser analizada por las autoridades. “La idea también hoy fue presentar el proyecto de ley escrito para que ellos lo puedan leer, lo puedan estudiar, y que no quede solo en palabras, sino que pueda ser algo serio”, sostuvo.

Finalmente, Alderete señaló que el objetivo es continuar trabajando en la iniciativa y, a futuro, evaluar la posibilidad de conformar algún tipo de organización que acompañe a las víctimas y sus familias.

“Es muy difícil atravesar una situación de homicidio. El duelo trae muchas formas diferentes de atravesarlo, afecta a muchas personas de la familia y siempre falta la asistencia psicológica”, concluyó.