Se llevó adelante la audiencia de presentación en la que está implicada Vanesa Fita junto a cuatro mujeres por estafar con viviendas del IPV. Se dió el plazo de 6 meses para continuar con las tareas de investigación.
Tras la finalización de la audiencia el Fiscal Martín Carcamo dialogó con la prensa y expresó sus sensaciones por lo ocurrido en la causa de estafas por viviendas del IPV por parte de Vanesa Fita.
«El resultado ha sido que se ha autorizado la investigación penal preparatoria. Se nos ha conferido el plazo de seis meses para terminar la investigación. Y bueno, en concreto, la causa va a continuar siendo investigada».
«Restará reunir la información restante, terminar de llevar adelante diversos análisis para poder, en definitiva, poder formular una acusación pública al término de estos seis meses. La calificación legal que autorizó el juez fue la que ha escogido el Ministerio Público Fiscal, que es la prevista en el artículo 172 del Código Penal, que prevé el delito de estafa en calidad de autora para Vanesa Fita y en calidad de partícipes necesarios para la señoras Mansilla, Curán, Paez y Molina».
En ese sentido Cárcamo resaltó «Lo valioso, en definitiva, aunque sea provisorio, es que la calificación legal ha sido comprensiva de los 594 casos que ha detectado el Ministerio Público Fiscal y que estos casos concurren de manera real. Esto tiene, básicamente, impacto en la escala penal, eventualmente, frente a la declaración de responsabilidad posterior que se pueda dar respecto de estas personas».
El delito por estafa tiene una pena de entre 1 y 6 años de prisión, pero la cantidad supera el tope que indica la justicia.
«En este caso, como estamos hablando de 594 casos, y por las reglas del concurso, eventualmente, supera ampliamente el tope legal del artículo 55, que está previsto en 50 años, de manera tal que la escala penal, en este caso, será de 1 a 50 años de prisión.».
«Hay muchísima información que hay que procesar hasta el momento y en lo que ha sido la investigación. Tengan en cuenta que hemos obtenido información de entidades bancarias, de AFIP a partir del levantamiento del secreto fiscal. Tenemos secuestrado aproximadamente unos ocho equipos de telefonía celular, hemos secuestrado gran cantidad también de documentación. Se ha requerido gran cantidad de información también al Instituto Provincial de la Vivienda, de manera tal que es mucha la información que ya se ha procesado y que se continúa procesando», manifestó el Fiscal.
Además Cárcamo expresó «quiénes son participe será objeto de investigación y para eso contamos con este plazo. A criterio del Ministerio Público Fiscal entiende que el aporte que han realizado estas otras coimputadas en calidad de partícipes es un aporte necesario. Es decir, sin el aporte de estas personas, la maniobra tal y como la ha planteado el Ministerio Público Fiscal no se podría haber llevado adelante. No obstante ello, será por supuesto materia de investigación y de acreditación con el grado de certeza que se requiere para formular una acusación. Es eventualmente de esperar que en todo caso, si la evidencia no sostiene este grado de participación, el Ministerio Público Fiscal por el principio de objetividad le va a requerir algún pronunciamiento liberatorio para todas ellas o para alguna de ellas. De lo que sí, no queda ningún tipo de dudas, es de la plena responsabilidad en la imputación por parte de la señora Vanessa Fita en carácter de autora y también eventualmente de organizadora de toda esta maniobra defraudatoria.
Para finalizar manifestó «hay otro segmento de la investigación que está contenido en esta causa que tiene que ver justamente con la posibilidad de poder atribuir alguna actividad de encubrimiento en los términos del artículo 277 del Código Penal respecto a algunas otras personas que habrían prestado colaboración para hacer circular el dinero, este valor total de afectación que es cercano a los 60 millones de pesos», concluyó y agregando también que no hay participación de personajes políticos en la causa hasta el momento.
