Al cumplirse un mes de la muerte de Ángel, el abogado Roberto Castillo volvió a manifestarse públicamente y reclamó avances concretos en la causa, al tiempo que cuestionó el accionar de quienes debían garantizar la protección del menor.
En declaraciones recientes, Castillo sostuvo que el caso expone una grave cadena de fallas institucionales. “Se trata del arrebato de una vida que podría haberse evitado”, expresó, al señalar la responsabilidad de distintos actores del sistema que, según afirmó, no actuaron a tiempo ni de manera adecuada.
El letrado apuntó contra la intervención de profesionales y autoridades que tuvieron participación previa, como una psicóloga, una defensora de menores y un juez. En ese sentido, aseguró que “no hicieron bien su trabajo ni cumplieron con la vocación necesaria para evitar una tragedia de esta magnitud”.
Asimismo, remarcó que hubo leyes que no se aplicaron correctamente y advirtió sobre el impacto de ciertas decisiones que, según sus palabras, “terminaron borrando una infancia”. Para Castillo, el caso refleja una situación de desprotección que derivó en un desenlace fatal.
A un mes del hecho, el abogado enfatizó que el único camino posible es que se haga justicia. “Lo único que queda es luchar para que este caso no quede impune”, afirmó, y reiteró el pedido de una condena ejemplar para los responsables.
En ese marco, también hizo referencia al dolor de la familia del menor, destacando la ausencia irreparable que dejó Ángel. “Es un vacío que no se puede llenar”, expresó, al tiempo que insistió en que el proceso judicial debe traer, al menos, algo de alivio a sus seres queridos.
Finalmente, Castillo subrayó que continuará impulsando acciones legales y acompañando a la familia en su reclamo, con el objetivo de que el caso tenga una resolución firme y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
