Pablo Contreras, de la Fundación Estrellas Amarillas, presentó un pedido en el Concejo Deliberante para avanzar en normativas sobre motovehículos y denunció vulneraciones a los derechos de familiares de víctimas.
En una nueva intervención ante el Concejo Deliberante, Pablo Contreras, representante de la Fundación Estrellas Amarillas, presentó una solicitud formal para que se dé tratamiento en comisión a proyectos vinculados con la seguridad vial y la protección de víctimas.
La nota fue dirigida a la Comisión 4, encargada de temas viales, y retoma un planteo iniciado el año pasado tras una presentación impulsada por el concejal Montenegro. “No se le está dando tratamiento a una problemática que es urgente”, expresó Contreras.
El eje del reclamo gira en torno a la regulación de motovehículos y ciclovehículos, en el marco de una campaña nacional que también impulsa la organización Luchemos por la Vida. Según explicó, estos vehículos representan un foco creciente de riesgo en distintas ciudades del país. “Se han detectado muchas muertes y es una situación que realmente preocupa”, advirtió.
Pero el planteo no se limita a la prevención vial. Contreras también puso el foco en el tratamiento que reciben las víctimas y sus familias, amparados por la Ley 27.372, que establece 12 derechos fundamentales.
“Hay familias que nos manifiestan que sus derechos no son respetados: no reciben información, no pueden participar y, sobre todo, no son tratadas con respeto”, señaló. En ese sentido, anticipó que presentará el reclamo también ante Fiscalía para que se garantice el cumplimiento de la normativa.
El referente relató casos concretos donde familiares de víctimas denunciaron maltrato institucional y falta de acceso a información clave en procesos judiciales. Incluso mencionó testimonios recientes de personas que perdieron varios integrantes de su familia y aseguran haber sido excluidas de instancias de participación.
“Lo que pedimos es empatía, conocimiento de la ley y un trato digno hacia las víctimas”, concluyó Contreras, subrayando la necesidad de que los organismos del Estado actúen con mayor sensibilidad y responsabilidad ante situaciones de profundo dolor.
