La medida de fuerza, anunciada días atrás, sumó el apoyo de gremios del transporte, la educación, los estatales y otros.
El paro general de la CGT será el próximo miércoles 24 de enero, y muchos se preguntan quiénes adhieren a esta medida de fuerza, que busca oponerse al decreto 70/2023 y a la ley ómnibus que el gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Congreso.
El DNU se publicó en el boletín oficial el 20 de diciembre, once días después de la asunción presidencial, y plantea más de 300 artículos que modifican o derogan legislaciones como la Ley del Manejo del Fuego, la Ley de Tarjetas de Crédito o la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas en el mundo del fútbol profesional.
En particular, las centrales sindicales se oponen a los cambios en la ley laboral que trae aparejado este texto legislativo, los cuales incluyen por ejemplo nuevas alternativas a la indemnización por despido, la eliminación de las multas a los empleadores por falta o deficiente registración laboral, la desregulación del financiamiento a las obras sociales de los sindicatos y también restricciones a la huelga para distintos sectores como el de salud y el educativo. De todas formas, medidas cautelares dictadas por distintos tribunales en el país frenaron el aspecto laboral del DNU por el momento, hasta que la Corte Suprema de Justicia defina su constitucionalidad en febrero.
Por su parte, el proyecto de ley que ya trata el Congreso, llamado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, se envió al parlamento el 28 de diciembre. El mismo suma más de 300 páginas, y en su primera foja contiene una declaración de emergencia en las áreas económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social que le da facultades legislativas al Poder Ejecutivo por dos años, con la posibilidad de que esta potestad sea prorrogada por dos años más, es decir, el total del mandato de Javier Milei.
El resto del texto contiene más de 600 artículos y avanza sobre ámbitos que van desde la desregulación de distintos sectores de la economía al cambio de la ley de salud mental, incluyendo también modificaciones en el sistema electoral argentino, entre otras áreas que toca el megaproyecto al que se opone la CGT con un paro general.
Quiénes participarán del paro del 24 de enero
Mientras se espera que el Gobierno defina el texto final de la ley ómnibus tras negociar con referentes opositores más afines a la aprobación del proyecto, la CGT continúa delineando los detalles del paro, el primero contra el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre. La protesta incluirá una movilización al Congreso, donde se prevé que hablen los triunviros de la CGT: Héctor Daer (Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio) y Pablo Moyano (Sindicato de Camioneros).
En los días posteriores al anuncio de la huelga, se sumó a la misma la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), que nuclea a los gremios de Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Taxis, Camioneros, Dragado y Balizamiento, Vialidad, peajes y aeronáuticos, por lo que afectará al servicio terrestre y aéreo en todo el país. Según manifestaron, su idea es que haya transporte público entre la medianoche y las 19 del miércoles, con un paro general a partir de esa hora hasta la medianoche siguiente.
El gremio de los Metrodelegados, integrado por los trabajadores del subte de la Capital Federal, comunicaron su adhesión al paro, pero no dieron todavía precisiones acerca de cómo será su impacto en el servicio.
También será parte de la protesta los gremios de trabajadores estatales, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación). Como respuesta a esta medida, el Gobierno prometió descontar el día a los empleados del Estado que adhieran a la manifestación, algo que no ocurrirá con los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador, Axel Kicillof, anunció que respetaráel derecho a huelga al no descontar la jornada de paro.
La Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), integrada en parte por ATE, ratificó asimismo que estará en la marcha con su poder de movilización. De esta forma, se suman distintos gremios además del de estatales, entre los que están el SITraLab (Sindicato de Trabajadores de Laboratorios), el SUOR (Sindicato Único de Obreros Rurales), el SOESGYPE (Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, GNC, Playa de Estacionamiento), el CISPREN (Círculo Sindical de Prensa) y el FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), entre muchos otros.
La última adhesión a la medida de fuerza por el momento vino de Unión por la Patria, la coalición opositora que fue gobierno los últimos cuatro años. Los 20 partidos que conforman el espacio político anunciaron que van a acompañar “todas las iniciativas multisectoriales, marchas, protestas y reclamos que viene sosteniendo el pueblo argentino a lo largo y ancho del país”, a la vez que exigieron al Congreso el “rechazo a las iniciativas promovidas por el oficialismo”.
Se trata de la primera medida de fuerza que la CGT llevará a cabo en cinco años, ya que la última huelga de la central obrera peronista fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Mauricio Macri.
