Unión por la Patria (UxP) presentó en Diputados un proyecto para crear una comisión especial que “determine responsabilidades” por el uso de recursos de la Cámara Baja por parte de legisladores libertarios que se reunieron con Astiz y otros represores.
Los legisladores de LLA que se reunieron con los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad son Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit, organizador de la visita, a través de un escrito difundido por Whatsapp. Entre otros argumentos, el dirigente entrerriano sostuvo que los cargos contra estos detenidos «no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados».
El malestar también alcanzó a aliados y dialoguistas
Una iniciativa que al tomar estado público desató un escándalo que indignó hasta a integrantes de los bloques aliados y dialoguistas, como el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica.
De hecho, sus principales referentes le transmitieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, su malestar por el hecho en el que, incluso, se utilizaron recursos del cuerpo, como el vehículo en el cual se trasladaron hasta Ezeiza.
Qué piden desde el bloque de Unión por la Patria
El proyecto de resolución de Unión por la Patria apela al artículo 66 de la Constitución Nacional y al artículo 188 del Reglamento de la Cámara baja, señalando que “la concreción de este tipo de conductas no debe pasar desapercibida y debemos actuar ante cualquier intento de propiciar la impunidad de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar”.
Debido a esta situación, una larga lista de diputados de Unión por la Patria presentaron en el Congreso un proyecto de resolución para excluir a los seis libertarios, “conforme lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional, en razón de sus actividades reñidas al orden constitucional, los pactos democráticos y los derechos humanos”.
“En virtud del cumplimiento de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y para que no se consoliden acciones que tiendan a la impunidad de los actos más aberrantes de la historia de nuestro país, la Cámara de Diputados debe tomar acciones para determinar responsabilidades y corregir tanto a los arriba mencionados como otros que pudieran haber participado, acompañado y/o facilitado recursos”, finaliza el proyecto presentado por el bloque presidido por Germán Martínez.
https://drive.google.com/file/d/1c9P6YnBwJigmcWDRWVoVNOUnKyZCdIA4/view?usp=sharing
