Se presentó la Ley de Extinción de Dominio, en la Honorable Legislatura De Chubut. El gobernador Ignacio Torres, el vice gobernador Gustavo Menna y el Ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, acompañados de la Diputada provincial por el PRO, Paulina Hogalde, entre otros funcionarios, se dieron cita en este recinto para dar a conocer una Ley que impone a los corruptos la devolución de los bienes malhabidos a las arcas del Estado.
“Este proyecto de ley constituye una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en nuestra provincia. Esta iniciativa, que es una revisión actualizada de la propuesta presentada en 2019 por la Diputada Jacqueline Caminoa, busca incorporar en nuestra legislación el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio. Esto es: un medio jurídico para lograr la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que, directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito”, describe la Diputada Hogalde, impulsora de la Ley en la Legislatura de nuestra provincia.
El proyecto de Ley, que será tratado en comisiones la próxima semana con gran expectativa por su aprobación, “es un paso firme hacia la recuperación de lo robado por la corrupción. Habilita un marco legal claro y eficaz para que el Estado pueda actuar rápidamente, por supuesto respetando siempre las garantías constitucionales del debido proceso y la propiedad”, sentencia la abogada, quien sostiene que Chubut no está exenta de hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, y que es justo para la ciudadanía que los bienes sean recuperados para el bienestar de los chubutenses: “Fuimos testigos de reiterados actos de corrupción, como el conocido caso ‘Royal Canin’, que ocurrió durante la catástrofe climática que azotó a Comodoro Rivadavia en 2017. En medio de la angustia y el dolor de nuestra gente, funcionarios públicos dispusieron delictivamente de fondos que debían ser utilizados para el bien común. Mediante esta herramienta jurídica tenemos la oportunidad no sólo recuperará el patrimonio perdido, sino también de enviar un mensaje claro: en nuestra provincia, la corrupción no tendrá lugar”.
“Este Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio es fundamental para nuestra ciudadanía. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber trabajar por una provincia más justa, transparente y equitativa”, concluyó.
Antecedentes
En el año 2019 se incluyó en la agenda pública un tema central: Cómo la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos. Es por ello que se dio el primer paso a través del dictado del Decreto Presidencial 62/19, por el cual se instituyó el Régimen Procesal de Extinción de Dominio, a fin de que los bienes generados en actos de corrupción sean reintegrados al Estado, en los términos del artículo 36, 5º párrafo y 75 inciso 2 de la Constitución Nacional.
Nuestro país adhirió mediante la Ley nacional 25.632, a la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que los Estados Parte establecen mecanismos de cooperación y herramientas para el recupero de los bienes y otros beneficios derivados producto del delito. En similar sentido mediante Ley 26.097 se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumento en el que los Estados Parte manifiestan su preocupación por los problemas y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, socavando los valores de la democracia. La Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Ley N°24.759, establece que, de acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados entre países, se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados en esa Convención.
Fuente: Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, 2024 Autora: Dip. Prov. Paulina Hogalde.
