El concejal de Despierta Chubut manifestó su rechazo a la iniciativa impulsada para declarar la emergencia del transporte público en Comodoro Rivadavia. Advirtió que la ordenanza habilitaría al Ejecutivo municipal a modificar las condiciones de los contratos de concesión sin necesidad de obtener previamente el aval del Concejo Deliberante.
El tratamiento del proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia del sistema de transporte público urbano y suburbano de Comodoro Rivadavia generó cuestionamientos por parte de la oposición en el Concejo Deliberante.
Uno de los planteos más contundentes fue realizado por el concejal Martín Gómez, del bloque Despierta Chubut, quien puso el foco en las facultades que la normativa le otorgaría al Poder Ejecutivo municipal.
Durante su intervención en el recinto, el edil cuestionó que la propuesta contemple una delegación de atribuciones legislativas al intendente, particularmente en lo referido a la posibilidad de introducir modificaciones en los contratos de concesión del servicio de transporte.
“Lo que están por votar es una barbaridad. Es una delegación de facultades de este cuerpo al Poder Ejecutivo sobre el contrato de transporte de la ciudad”, expresó Gómez, al manifestar su preocupación por el alcance de uno de los artículos del proyecto.
En ese sentido, explicó que la redacción de la iniciativa permitiría al Ejecutivo modificar aspectos centrales de los acuerdos vigentes, como las prestaciones, los plazos y las modalidades del servicio, sin que cada cambio deba regresar al Concejo para su tratamiento y aprobación.
El concejal también cuestionó la postura del oficialismo y consideró que la propuesta entra en contradicción con los principios de división de poderes y respeto por las atribuciones institucionales de cada órgano de gobierno.
“Le están dando en bandeja al Poder Ejecutivo facultades que nos corresponden a nosotros. A partir de esta aprobación, el intendente puede hacer y deshacer lo que quiera con el contrato”, sostuvo.
Por último, Gómez adelantó que su bloque mantendrá una posición contraria al proyecto y advirtió sobre las consecuencias institucionales que, a su entender, podría generar la aprobación de una normativa que amplía las atribuciones del Ejecutivo en materia de concesiones del transporte público.
