Los padres apuntan contra la fiscal María Laura Blanco y la persecución que sufren por parte de autoridades. La misma será desde las 10 en las calles céntricas.
El viernes se cumplió un mes desde que se conocieron las denuncias por presunto abuso en la Escuela de Nivel Inicial 406 de Comodoro Rivadavia. La investigación, que tiene como sospechoso al profesor de música, es llevada a cabo por la fiscal María Laura Blanco. Pero los padres consideran que el caso no avanza y temen que el docente denunciado abandone la ciudad y todo quede en la nada. Por esa razón, este lunes volverán a marchar por el Centro para pedir justicia.
La concentración está programada para las 10 en la plaza de la Escuela 83. “Marchemos todos juntos por nuestros niños. Los niños no se tocan. Los niños no se abusan. Los niños no se matan. Acompañemos a nuestra infancia”, sostienen los padres en el comunicado.
“No nos dejen solos”, subraya el documento donde consideran que los niños son “víctimas también de la Justicia, y de los sistemas de Educación y de Salud”.
“Nos vemos obligados hoy a hacer responsable a la fiscal María Laura Blanco por la vulneración reiterada de los derechos de nuestros hijos/as, lo cual está revestido de una gravedad inusitada; como así también responsabilizarla por los hechos de persecución y hostigamiento hacia nosotros”, denuncian.
En este sentido, reiteraron que la fiscal niega que sus hijos se puedan atender en el Hospital Regional, pese a que muchos pequeños tienen varias lesiones. “Tampoco se quiere brindar atención médica, en ningún centro de salud público por enfermedades causadas por el estrés y el trauma, como fiebres repentinas reiteradas, cuando se hace mención a los abusos y/o violaciones que nuestros hijos sufrieron en el Jardín 406”, resaltan.
“Esto deriva lamentablemente en que la mayoría de los médicos infantiles de cabecera de nuestros hijos e hijas se nieguen a atenderlos. El por qué, ‘no lo sabemos’”, agregan.
Otro de los puntos que denunciaron los padres es la persecución policial que sufren. “Hay hostigamiento a través de la presentación de personal policial en nuestros hogares, sin orden que lo requiera, interrogando acerca de la cantidad de personas convivientes en nuestras casas, actividades que realiza cada miembro de la familia, e intentando requisar, patios y demás lugares de la vivienda”, grafican.
También denuncian “intervención ilegal de celulares, y extracción de información valiosa para las denuncias. Se ha denegado en Fiscalía la posibilidad de que las familias puedan efectuar la ampliación de las denuncias realizadas inicialmente”, cuestionan.
“Todo esto desemboca irreparablemente en nuestros hijos e hijas pequeños, en daños permanentes de toda índole (físicos, emocionales, cognitivos, sociales, etc.) no deseando desenlaces que impliquen una tragedia aún mayor”, afirman.
