El pasado viernes se concretó por solicitud de la fiscalía la audiencia de revisión de la prisión preventiva para la coimputada Micaela Ortellado, en relación al homicidio de Juan Adolfo Laffeuillade.
Las representantes de fiscalía solicitaron se mantenga la prisión preventiva que cumple la imputada; la defensora por su parte se opuso ya que tiene una condena impuesta en otro caso. Finalmente, el juez penal resolvió mantener la medida de coerción de Ortellado por el término de tres meses.
Presidió la revisión Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general y Belén De La Canal, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Ortellado fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública.
Las representantes de fiscalía solicitaron se mantenga la medida de coerción que pesa sobre Ortellado ya que subsisten los peligros procesales por los cueles se le dictó la preventiva. Existen elementos de convicción suficientes para tenerla como probable partícipe del hecho. Asimismo, existen el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Mencionando causas en trámite y antecedentes penales de Ortellado, que no tiene arraigo ni domicilio fijo. También por la pena que se espera como resultado del procedimiento, que será de cumplimiento efectivo. Peligro de entorpecimiento ya que Ortellado conoce a los autores del hecho y los ha ayudado a mantenerse ocultos. Solicitando el mantenimiento de la prisión preventiva de la imputada por tres meses.
La defensa por su parte “entendió que en este caso no hay peligros procesales que cautelar”. Ortellado está privada de libertad y condenada en otro proceso. “No es necesario en este caso, puntualmente dictar una medida conjunta con la condena que ya tiene impuesta” continuó la defensora. No corresponde en este caso mantener la prisión preventiva cuando se encuentra cumpliendo una condena en otro proceso.
Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva de Micaela Ortellado por el termino de tres meses. Considerando que el presente proceso debe mantenerse cautelado independientemente de la condena anterior. Se encuentra latente el peligro de fuga y entorpecimiento.
