El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, le recordó a la concejal Ferreira que el conflicto por los lotes de avenida Mazzaredo tiene su origen en la gestión radical de Aubia y cuenta con la firma del hoy vicegobernador Gustavo Menna. En una férrea defensa del rigor técnico, el joven funcionario desnudó la «fragilidad de memoria» de la oposición y ratificó el fin de la discrecionalidad política.
Hernández salió al cruce de las críticas de la concejal Ferreira con un golpe de realismo histórico y administrativo. El secretario municipal no solo desestimó los cuestionamientos de la legisladora, sino que le atribuyó un profundo desconocimiento de los expedientes o, en su defecto, una intencionada «fragilidad de memoria» sobre cómo se gestionó la tierra pública en el pasado.
“Cuando se opina sin conocer los expedientes ni el marco legal, lo único que se genera es confusión y preocupación innecesaria”, disparó Hernández, marcando el terreno frente a lo que considera una maniobra de distracción política que ignora el origen del problema.
El sello de la gestión radical y la firma de Menna
Para Hernández, la polémica actual no es más que el residuo de un modelo de gestión «radical» que hoy, desde la comodidad de la oposición, intenta deslindar responsabilidades.
El funcionario fue tajante al señalar que las inconsistencias en los terrenos de Mazzaredo se remontan a adjudicaciones realizadas entre 1999 y 2003, bajo el mandato del doctor Aubia.
La estocada más fuerte llegó al poner nombre y apellido a la herencia recibida: “Fueron terrenos entregados a afiliados del radicalismo con la firma del entonces secretario de Gobierno —hoy vicegobernador— Gustavo Menna”, precisó Hernández. Con este dato objetivo, el secretario expuso la contradicción de quienes hoy reclaman soluciones mágicas para un desorden administrativo que ellos mismos rubricaron hace dos décadas.
Rigor profesional frente al «capricho» político
Frente a las quejas de la concejal Ferreira sobre la exigencia de proyectos técnicos para demoliciones, el Secretario Hernández —quien representa una nueva generación de profesionales a cargo de áreas críticas— defendió la institucionalidad por encima del amiguismo. “No es un capricho del municipio ni una decisión política discrecional. Es una obligación legal”, remarcó.
Hernández dejó en evidencia el error conceptual de la concejal al recordarle que el Código de Edificación es de cumplimiento obligatorio para todos, sin excepciones por conveniencia partidaria. “Ningún funcionario puede saltearse los procedimientos legales. Eso debería ser algo básico para cualquier representante institucional”, sentenció, enviando un mensaje directo a la bancada opositora.
Ordenar la ciudad: Una decisión sin retorno
A pesar de las presiones, Hernández ratificó que la línea de trabajo trazada por el intendente Othar Macharashvilli no se verá alterada por el ruido mediático. El funcionario subrayó que, mientras la oposición defiende «la informalidad», la actual gestión asume el costo político de normalizar la situación dominial de la ciudad.
“Tenemos una línea muy clara: cumplir la norma. Puede ser incómodo, puede ser antipático, pero es la única forma de ordenar la ciudad”, concluyó Hernández. Con esta postura, el funcionario no solo cerró el debate técnico, sino que dejó claro que la Secretaría de Ordenamiento Territorial ya no funcionará bajo los esquemas de privilegios que caracterizaron a la gestión de quienes hoy, paradójicamente, pretenden dar lecciones de legalidad.
