Jesús Ruiz, vecino de la zona norte de Comodoro Rivadavia, aseguró que al menos 30 o 40 casas están seriamente dañadas por movimientos de suelo. Denuncian falta de respuestas del IPV desde hace años.
Vecinos del barrio ARA San Juan, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, atraviesan una situación alarmante debido al deterioro estructural de viviendas entregadas hace apenas entre tres y cinco años.
Así lo denunció Jesús Ruiz, quien desde hace tiempo viene recopilando documentación sobre los problemas que afectan a numerosas familias del sector.
“Son muchas las viviendas. Hace dos o tres años ya habíamos advertido problemas, incluso con instalaciones de gas, por el movimiento del suelo. Hoy la situación es mucho más grave: hay casas que directamente se han partido”, afirmó Ruiz en diálogo con Jornada Radio.
El referente vecinal explicó que el barrio, ubicado entre Padre Corti, Ciudadela y Diadema, presenta un fuerte movimiento de suelo, agravado por la presión de un cerro lindante.
“Hay una manzana entera comprometida. Fuimos por una casa al borde del derrumbe y encontramos al menos ocho en condiciones similares. No hay ni siquiera medidas de seguridad para evitar que ingresen chicos”, advirtió.
Según detalló, no se trata de casos aislados: “Estamos hablando de entre 30 y 40 viviendas muy dañadas. Esto no es una opinión, es documentación que venimos reuniendo hace cuatro años”, que su mayoría fueron entregadas en gestiones anteriores.
Los reclamos ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) no han tenido respuesta, aseguran los vecinos. Ruiz relató que incluso viajaron a Rawson con firmas para visibilizar la problemática, sin obtener soluciones. “Nunca nos hicieron caso. Lo único que recibimos son intimaciones para pagar las cuotas, con amenazas de embargo o desalojo”, cuestionó.
La situación se agrava por el contexto económico. “Desde la pandemia se perdieron muchos trabajos. En un barrio de trabajadores, esto impacta muchísimo. Hay muy pocos vecinos con empleo formal, la mayoría vive de changas. Es imposible sostener una cuota y los gastos básicos”, explicó.
En algunos casos, las familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por el riesgo estructural y alquilar por sus propios medios, aunque continúan pagando las cuotas al IPV. También hay situaciones de familias con niños con discapacidad que debieron dejar sus hogares.
Ante la falta de respuestas, un grupo de vecinos decidió judicializar el reclamo. “Pagamos escribanos, un perito de la justicia, presentamos pruebas que el IPV no pudo refutar. Hay avances en la causa, pero seguimos esperando soluciones concretas”, indicó Ruiz.
Finalmente, reiteró el pedido a las autoridades provinciales: “Hace cuatro años que pedimos que venga el gobernador al barrio, que vea lo que está pasando. Nos dejaron a la buena de Dios. Necesitamos respuestas urgentes, no más exigencias”.
