El oficialismo asegura el dictamen para la Ley Bases y el paquete fiscal, superando importantes desafíos. Sin embargo, esto no garantiza un apoyo total de la oposición y requiere concesiones significativas. La situación económica y el relanzamiento del Pacto de Mayo también influyen en el panorama político.
En un ejercicio final de realismo, el Gobierno terminó de negociar con aliados y opositores “dialoguistas” los puntos cruciales para sancionar la Ley Bases y su complemento, el paquete fiscal. El jueves, entonces, los proyectos irán al recinto de Diputados para cerrar la muy extensa prueba legislativa, superado ya el medio año de gestión libertaria. Ese paso le permitiría al oficialismo poner el foco en otros temas de su agenda -el Pacto de Mayo, cuyo relanzamiento pasó casi inadvertido- y atender cuestiones inquietantes, como la relación con el FMI, en un contexto de frío económico.
Después de su último viaje internacional, Javier Milei debe definir, entre otras cuestiones, el lugar que ocuparía Federico Sturzenegger en el Gabinete. Lo que se suponía un camino sencillo cuando fue pensada inicialmente esa formalización, se convirtió en un asunto delicado por el contexto mayor de la gestión, que relaciona también la interna con la situación económica. Parece claro que no hay margen para batallas domésticas sin retorno.
La necesaria muestra de capacidad de gestión en continuado está vinculada directamente con la contención de las disputas, duras, que hasta ahora dejaron un significativo número de baja de funcionarios -el último sacudón fue en Seguridad- y exponen que están en observación algunas áreas ministeriales. En ese escalón se pretendería acotar las internas. Y el dilatado caso de Sturzenegger es especialmente sensible, en espejo con Economía y menos, con la jefatura de Gabinete. Guillermo Francos y Luis Caputo son piezas centrales en el tablero del Gobierno.
Hay otro ingrediente que depende exclusivamente de Olivos y que hace a la gobernabilidad, algo que por supuesto no se agota en la necesidad de acuerdos políticos en el Congreso. Y se trata de las señales de intolerancia, un factor gravitante en términos de previsibilidad. Milei volvió en estos días a cargar de manera desmedida contra legisladores de espacios opositores -muchos de ellos, la llave para el acuerdo que le daría el primer éxito legislativo desde que asumió la Presidencia- a raíz del proyecto de movilidad jubilatoria, que ya fue aprobado en Diputados y seguramente volverá a escena, en el Senado.
El capítulo que imagina ahora Milei constituirá otro test. Desde el oficialismo dejan trascender los primeros movimientos para instalar el tema del Pacto de Mayo apenas pasada la votación en Diputados. El Presidente repuso su convocatoria la semana pasada, en el discurso por el Día de la Bandera. Y en esa asociación con fechas históricas, la cita pasó para el 9 de Julio, en Tucumán, cómo se suponía y de manera abierta junto a gestos de ida y vuelta con Osvaldo Jaldo. El gobernador tucumano es uno de los jefes provinciales del PJ que exponen fisuras en el armado peronista que intenta contener el kirchnerismo, sobre todo en el Congreso.
Fuentes vinculadas a gobernadores de lo que fue JxC destacan que las señales de acompañamiento a ese llamado no significan un apoyo ilimitado y sin condiciones. Se verá cómo evoluciona la convocatoria, pero los recelos tienen que ver no sólo con la elaboración del texto del Pacto de Mayo, sino además con la escenografía. Es decir, si el Gobierno busca vestir el acto como acuerdo o como una puesta con tono hegemónico.
En cualquier caso, la aprobación de los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal mostró un amplio juego de negociaciones, públicas y reservadas. También, las limitaciones. El Gobierno, como era previsible, aunque hubo pulseada, aceptó que no había margen -según algunos, legal además de político- para insistir con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo y medios de RTA. En cambio, logró el compromiso de reponer la reversión parcial de Ganancias y las modificaciones a Bienes Personales.
El trámite del acuerdo, expresado en los dictámenes, se apoyó en un entramado más claro que el del Senado. Con disidencias y sin ocultar internas, que tendrán expresión el jueves en el recinto, el entendimiento incluyó al PRO, en condición de aliado, y la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la CC. Fue clara además la relación con jefes locales: la decena de JxC, varios provinciales y al menos tres del PJ.
El debate será seguramente áspero. Y en medios legislativos hay especulaciones sobre una posible carga posterior desde filas propias o cercanas al kirchnerismo. Desde el bloque peronista/K fueron llamativas las descalificaciones de los proyectos como “mamarrachos jurídicos”. Y en medios aliados del oficialismo advirtieron sobre la posibilidad de que eso mismo anticipe la intención de “judicializar” el tema.
En el vértigo nacional, la aprobación de las leyes sigue siendo un dato político central, pero no del mismo calibre que tuvo la riesgosa apuesta en el Senado. Al menos, es lo que exponen los “mercados”, en un contexto de especulaciones variadas con foco en la política cambiaria. A eso se sumó un contrapunto con el FMI, cuyos mensajes por lo general están lejos de ser lineales y, menos, sólo técnicos.
Por eso mismo, la tirantez tiene diferentes ingredientes. Primero fueron las diferencias sobre los tiempos y el modo de la salida del cepo. Luis Caputo buscó contener la situación y evitó escalar. Milei, en cambio, cuestionó sin nombrarlo a Rodrigo Valdés por el modo en que el Fondo hizo la “vista gorda” frente a los niveles y tipo de pasivos del Banco Central en la anterior gestión.
Los manejos del FMI, en distintas etapas y con sentido político, no constituyen una novedad. El punto en este caso es si la declaración presidencial constituye un hecho aislado o expone un giro, después de gestos como el reciente encuentro con Kristalina Georgieva en el marco del G7. Es un tema mayor cualquiera sea la respuesta a ese interrogante. El resto de la política, por ahora, observa en silencio.
