Así lo adelantó a industriales el secretario de Comercio, en el marco de la vocación desregulatoria del sector expresada por el Gobierno, cuando se producen faltantes en las góndolas. La norma fue sancionada en 1974 y modificada en 2014; busca proteger al consumidor ante disparadas de precios, generación artificial de escasez y otras situaciones que comienzan a verse por estas horas.
En medio de las fuertes subas de precios de productos de primera necesidad y faltantes en los supermercados a raíz de maniobras especulativas sobre la continuidad de los aumentos, desde el Gobierno se anticipó que buscará derogar la Ley de Abastecimiento.
Así lo adelantó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, quien este jueves fue formalizado en el cargo mediante el Decreto 30/2023 publicado en el Boletín Oficial.
El flamante funcionario hizo el anticipo en reunión con las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes les planteó la decisión oficial de derogar la Ley de Abastecimiento.
De acuerdo con información oficial, este mediodía se realizó el encuentro en la sede la mencionada dependencia oficial, del que también participó Juan Pazo, quien será designado secretario general de Coordinación.
En representación de la UIA estuvieron su presidente, Daniel Funes de Rioja, y el director ejecutivo y economista jefe de la entidad, Diego Coatz.
DE QUE TRATA LA LEY 20.680
En reunión con las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), el secretario de Comercio Pablo Lavigne les transmitió la decisión oficial de avanzar en la derogación de la Ley 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974 y modificada en 2014.
La norma regula “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga -directamente o indirectamente- necesidades comunes o corrientes de la población”.
En ese marco, autoriza a la Secretaría de Comercio a “imponer sanciones (…) frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales”; algo que por estas horas comienza a ser evidente en góndolas de supermercados y autoservicios de todo el país.
Además, el Estado tiene la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia -como era el caso del programa Precios Cuidados, desactivado por el nuevo gobierno-, y márgenes de utilidad (es decir, lo que pueden ganar las empresas por cada producto o servicio).
También puede ordenar la continuidad de todo o parte del proceso económico: fabricación, comercialización y distribución de cuotas mínimas de algún producto o servicio.
La ley determina que, eventualmente, el Estado puede sancionar con multas, clausuras, etc., a las empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios -como está ocurriendo por estas horas-, acaparen mercadería o materia prima, destruyan mercaderías o bienes que puedan generar escasez o restrinjan o nieguen de manera injustificada la venta -lo que también se evidencia-, entre otras situaciones.
