El abogado Roberto Castillo, representante legal de la familia de Ángel López, se refirió a la audiencia realizada este martes en la que se resolvió extender por seis meses el plazo de investigación y la prisión preventiva de Mariela Altamirano, madre biológica del niño, y Maicol González, su pareja, quienes permanecen detenidos en el marco de la causa que investiga la muerte del pequeño de 4 años.
En diálogo con el programa Nunca Es Tarde, por Radio de Camioneros 90.3, Castillo explicó que la prórroga fue solicitada debido a la complejidad de la investigación y a la necesidad de completar una pericia médica requerida por la defensa. Según señaló, se trata de reconstruir un hecho ocurrido en un ámbito privado, sin testigos directos del momento de la muerte, por lo que la acusación se apoya en testimonios y otras evidencias reunidas durante el proceso.
“Se está investigando un infanticidio que se produce intramuros”, explicó el letrado, quien detalló que la reconstrucción depende de pruebas indirectas, como declaraciones de personas que habrían advertido situaciones de violencia, lesiones y cambios en el estado físico del niño.
En ese sentido, afirmó que se reunieron más de 45 declaraciones testimoniales y mencionó los testimonios de docentes que, según sostuvo, observaron un deterioro en el estado de Ángel durante los meses previos a su muerte.
La nueva pericia médica, una de las claves de la investigación
Castillo indicó que actualmente se encuentran a la espera de un estudio solicitado por la defensa, que pidió la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar las conclusiones médicas sobre las causas de la muerte.
El abogado sostuvo que los estudios realizados hasta el momento en la provincia de Chubut señalaron la presencia de 22 impactos en la cabeza y un cuadro de neumonía. Según explicó, esos resultados forman parte de los elementos que la acusación considera relevantes para reconstruir lo ocurrido.
“Nosotros, como acusadores, decimos que esa conclusión nos lleva a lo mismo que venimos construyendo desde la acusación”, expresó.
El representante de la familia también cuestionó las versiones periodísticas que, según su interpretación, presentaron los resultados médicos como un cambio sustancial en la causa de muerte. Aclaró, sin embargo, que respeta el derecho de la defensa a solicitar nuevos estudios y que las partes deberán evaluar las conclusiones cuando se conozca el dictamen.
De acuerdo con lo señalado por Castillo durante la entrevista, el estudio comenzaría el 24 y sus resultados podrían demorar alrededor de 30 días, aunque ese plazo dependerá del desarrollo de la pericia.
Los testimonios y las presuntas situaciones de maltrato
Durante la entrevista, el abogado también se refirió a las evidencias que, según afirmó, forman parte del expediente y que permitirían reconstruir las condiciones en las que vivía Ángel antes de su muerte.
Castillo aseguró que existen videos incorporados al proceso que mostrarían presuntos episodios de maltrato, entre ellos baños con agua fría. También mencionó la declaración en Cámara Gesell de una menor, a quien atribuyó relatos sobre supuestos castigos físicos hacia el niño.
El letrado sostuvo que esos elementos deben ser valorados en el marco de la investigación y, eventualmente, presentados durante un juicio oral para que puedan ser examinados por las partes.
Las afirmaciones corresponden a la postura de la acusación particular y deberán ser evaluadas en el proceso judicial, en el que los imputados conservan su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.
Por qué consideró que no correspondía liberar a los acusados
Consultado sobre la posibilidad de que Altamirano y González recuperaran la libertad, Castillo consideró que una eventual morigeración de la prisión preventiva no se habría ajustado a las circunstancias de la causa.
Como argumento, mencionó los antecedentes que, según indicó, constan en un expediente de la provincia de Misiones relacionado con la pérdida del cuidado personal de otro hijo de Altamirano. También hizo referencia a la expectativa de pena que, de acuerdo con la calificación que sostiene la acusación, podría afrontar cada imputado.
El abogado señaló que la acusación considera que Altamirano podría recibir una pena de prisión perpetua, mientras que para González mencionó la figura de homicidio simple, con una escala penal de entre 8 y 25 años de prisión.
No obstante, aclaró que la calificación definitiva y las responsabilidades individuales deberán establecerse a partir de las pruebas incorporadas y de las decisiones que se adopten durante el proceso.
Castillo también manifestó su desconfianza hacia el funcionamiento de la Justicia y cuestionó la posible influencia de vínculos políticos o personales en determinadas decisiones judiciales. Sus declaraciones expresaron su opinión sobre el sistema judicial y su preocupación por el desarrollo de la causa.
“Estamos en la etapa final” de la investigación
Al explicar cómo continuará el expediente, Castillo indicó que, una vez que se complete la pericia médica, las partes analizarán sus conclusiones y los demás elementos reunidos para avanzar hacia la acusación formal.
Posteriormente, la defensa tendrá la posibilidad de cuestionar la existencia de pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Si se supera esa instancia, se deberá resolver la realización del debate oral.
“Ya estamos en la etapa final”, afirmó el abogado, quien expresó su expectativa de que la acusación avance hacia un juicio. También sostuvo que pretende que durante el debate se puedan conocer las evidencias reunidas, incluidos los registros audiovisuales y los testimonios que forman parte del expediente, con los resguardos correspondientes.
Castillo insistió en que el proceso debe avanzar con base en las pruebas y respetando las garantías constitucionales de todas las partes, aunque remarcó la necesidad de que la familia de Ángel tenga acceso a la Justicia en un plazo razonable.
El acompañamiento a la familia y el reclamo por asistencia psicológica
En otro tramo de la entrevista, el abogado habló sobre la situación de Lorena Andrade y Luis, integrantes de la familia de Ángel, y aseguró que atraviesan un momento de profundo sufrimiento desde la muerte del niño.
Castillo señaló que mantiene contacto con ellos y que incluso les propuso viajar a Buenos Aires para que puedan alejarse temporalmente de la situación que viven en Comodoro Rivadavia. Además, indicó que probablemente deberá regresar a la ciudad para participar de las próximas instancias presenciales del proceso.
Las declaraciones se produjeron luego de que Lorena Andrade expresara su malestar tras la audiencia, particularmente por los pedidos de asistencia psicológica y de un teléfono celular planteados por la defensa para Altamirano.
Sobre ese punto, Castillo reconoció que comprende la indignación de la familia, aunque explicó que las personas sometidas a un proceso penal conservan derechos y garantías mientras no exista una condena.
“¿Hay una reparación humana posible cuando te arrebatan un hijo?”, planteó durante la entrevista, al referirse al dolor que atraviesan los familiares del niño.
El abogado sostuvo que el caso lo afectó profundamente y que, durante sus 16 años de ejercicio profesional, fue una de las situaciones que más lo conmovió. También remarcó que su objetivo es sostener la acusación con evidencias y que las responsabilidades penales se determinen en un juicio.
Mientras continúa la investigación, la familia de Ángel espera que se completen las medidas pendientes y que el expediente avance hacia una instancia en la que puedan debatirse públicamente las pruebas y las circunstancias que rodearon la muerte del pequeño.
