Luego que la Cámara en lo Penal local resolviera por unanimidad “hacer lugar a las impugnaciones ordinarias deducidas por las defensas y reenviar las actuaciones a la Oficina Judicial para que se fije nueva audiencia preliminar para que otro juez penal reedite la cuestión.
El pasado viernes se desarrolló parte de la misma y hoy lunes los representantes del Municipio no aceptaron ninguna de las propuestas de las defensas el pasado viernes, sin embargo hoy las defensas ofrecieron dinero por el valor de las obras y aceptaron las propuestas. El fiscal por su parte se opuso por política de persecución penal y que el ejercicio de la acción pública es resorte exclusivo de la fiscalía, los jueces no pueden subrogar al MPF. Finalmente, la jueza penal dará a conocer su resolución el próximo miércoles a las 13.00 hs.
Así el pasado viernes las defensas de los imputados plantearon nuevamente la suspensión de juicio a prueba para sus asistidos ya que se dan los requisitos legales para el Instituto, falta de antecedentes penales, pena que en caso de recaer condena será de cumplimiento condicional, ofreciendo cumplir reglas de conducta y reparación del daño causado.
Los representantes del Municipio local solicitaron plazo para dar su opinión a las propuestas de los defensores, solo se expedirá en lo que respecta al patrimonio Municipal, aclararon los abogados.
Por su parte el fiscal se opuso a las suspensiones de juicio a prueba (probation) para funcionarios públicos en casos de corrupción por Resolución del Procurador General, la norma reconoce excepciones. Una de estas excepciones puede estar fundada en la posición de la víctima, en este caso el Municipio de Comodoro. La actividad de Palomeque, Lara, Sartori y Mansilla, el delito que se le enrostra, lo ha sido valiéndose del rol funcional que ostentaban. Iturrioz, antes de su dictamen, quiere escuchar qué dice la víctima.
Emergencia Climática I en Comodoro:
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister. Calificando provisoriamente la mayoría de los 36 hechos enunciados como “fraude a la Administración Pública”, en concurso real con “falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque; Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
Presidió la audiencia preliminar María Laura Martini, jueza natural de la causa; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que por el Municipio local asistieron Alexandre Visser y Oscar Herrera. La defensa de Palomeque la ejerció Gustavo Oyarzun; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara por María de los Ángeles Garro, ambos defensores públicos; la de Lobos Rozas y Javier Morales por Juan Bill, abogado de la defensa pública; la de Boyero y Monasterolo por Guillermo Iglesias; y la de Astiz por Fabián Gabalachis; la Dra. Quintana por los hermanos Pérez, abogados particulares de los mismos.
