En la mañana del pasado lunes se concretó el primer juicio rápido en Comodoro en relación a un hurto en grado de tentativa, acontecido el pasado 9 de julio, que tiene como imputados a Brian Chicahuala y a Maximiliano Cicero.
La audiencia fue presidida por María Laura Martini, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Ailén Picollo, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa fue ejercida por Janet Alderete abogada adjunta de la Defensa Pública.
La funcionaria en un primer momento solicitó se declare legal la detención de ambos imputados ya que personal policial toma conocimiento que se solicitaba presencia policial en Av. EEUU al 400 ya que dos personas de sexo masculino habían ingresado a un comercio y sustraído elementos. Observaron al dirigirse al lugar que se estaba produciendo una pelea en inmediaciones al lugar referido, entre un empleado de seguridad interna del local y dos masculinos. Uno de ellos se percató de la presencia policial y se comienza a alejar. Empleados del lugar le señalan al servidor público “esos están robando” señalando las personas referidas anteriormente. Le dan la voz de alto policía y detienen a Chicahuala. A su vez Cicero se dio a la fuga a pie por calle Sargento Ramírez siendo aprehendido por personal policial a pocos metros del lugar.
Ambos imputados pretendían llevarse elementos del local comercial sin pagar y dicha maniobra fue advertida por personal de seguridad privada. Luego se genera la pelea que personal policial observara a su arribo. Se realiza una inspección ocular y los elementos sustraídos fueron restituidos a su propietario por disposición de la fiscalía.
El hecho aconteció el pasado 9 de julio y se calificó jurídicamente como “hurto simple, en grado de tentativa” en calidad de “coautores” para Chicahuala y Cicero. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Cárcamo. Solicitando asimismo la aplicación del juicio rápido.
La defensora por su parte no se opuso a la legalidad de la detención de sus asistidos, tampoco se opuso a la apertura de la investigación. Si se opuso a la aplicación del juicio rápido, debe primar el principio de inocencia, requiriendo se ordene la apertura y se establezca plazo de investigación.
La funcionaria fundó su pedido de juicio rápido ya que se cumplen todos los requisitos establecidos en el Código, que el delito sea en flagrancia, que se trate de un hecho punible de sencilla investigación y que no exceda los 6 años de prisión. Asimismo, el Procurador General, Jorge Miquelarena, elaboró una Resolución que instruye a los fiscales a la aplicación de este tipo de procedimientos y de esta forma también se descomprime la agenda de debates. Ofreciendo prueba documental y testimonial del caso.
Finalmente, la jueza resolvió, en virtud de los antecedentes penales de ambos imputados, que se dan los requisitos para la procedencia de un juicio rápido. Haciendo lugar a lo solicitado por la funcionaria de fiscalía. Dictando la elevación a juicio del presente Legajo judicial.
