Cinco listas opositoras, encabezadas por Raúl Montenegro, ingresaron al CIP junto al escribano Juan Pablo Arcioni para constatar el desarrollo de los comicios, pese a una resolución judicial que había ordenado su postergación por 60 días hábiles.
Las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) se desarrollaron en medio de fuertes cuestionamientos y denuncias de irregularidades, luego de que sectores opositores aseguraran que el proceso electoral se llevó adelante en desacato a una resolución judicial vigente.
Cinco listas opositoras, con Raúl Montenegro como principal referente, se presentaron en el Centro de Información Pública (CIP) acompañadas por el escribano Juan Pablo Arcioni para dejar constancia del desarrollo de los comicios. Según indicaron, la Justicia había dispuesto la postergación de las elecciones por un plazo de 60 días hábiles, lo que —afirman— no fue respetado.
Montenegro fue el primero en expresar su postura y apuntó directamente contra la conducción del proceso electoral. “La Justicia había postergado por sesenta días y no sabemos con qué motivo están realizando todo esto. Es todo ilegal, todo trucho. Fueron notificados la semana pasada y vemos que actúan en contra de la Justicia. Así quieren ganar las elecciones también, pasando por arriba a los empleados municipales”, sostuvo.
El referente opositor remarcó que la presencia en el lugar tuvo como objetivo dejar constancia formal de lo que estaba ocurriendo. “Vinimos a constatar con un escribano que se están realizando las elecciones y después seguramente vamos a notificar a la Justicia porque están pasando por encima a una jueza. Esto no se puede hacer, estamos en democracia”, agregó.
Asimismo, denunció presuntas maniobras irregulares durante la jornada electoral, como el traslado de votantes en vehículos municipales y la firma de afiliados en un contexto que, según afirmó, estaba judicialmente suspendido. “Están haciendo firmar a compañeros que los traen en camionetas municipales. Están metiendo en un problema a todos los empleados, porque después van a tener que declarar si sabían que había un amparo”, advirtió.
Montenegro también cuestionó el rol de las autoridades municipales al permitir el uso del CIP para la realización de los comicios. “Este lugar no podría haber sido habilitado. Había una jueza que dijo que las elecciones no se realizan. La intendencia no puede mirar para otro lado”, señaló.
Por su parte, el escribano Juan Pablo Arcioni explicó que su intervención se limitó a constatar los hechos en el lugar. “Fui convocado por las personas presentes y vine a dejar constancia. Se consultó a la presidenta de la junta electoral si el proceso se iba a llevar adelante y respondió que sí. A partir de ahí, elaboro un acta notarial relatando lo sucedido para que quede certificado”, detalló.
Arcioni aclaró que el documento será utilizado posteriormente por las partes involucradas para definir los pasos a seguir en el ámbito judicial. “Serán los abogados o los representantes gremiales quienes determinen qué medidas tomar”, concluyó.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la interna sindical del SOEM, con un escenario marcado por denuncias cruzadas y la posible judicialización del proceso electoral, cuyo desenlace dependerá ahora de las decisiones que adopte la Justicia en las próximas semanas
