El Sindicato de Inquilinas/os Trabajadoras/es de Chubut emitió un comunicado respecto a un caso denunciado y judicializado, en el que un inquilino de Comodoro Rivadavia, con un contrato que vence en diciembre, “fue golpeado dentro de la vivienda por una patota de personas enviadas por la propietaria”.
En primera instancia, el sindicato aclaró que lo que denominan como `violencia habitacional´ en su comunicado, no es un slogan para revictimizar a las familias inquilinas que se encuentran cada vez más vulneradas y despojadas de garantías y derechos al acceder y permanecer en una vivienda en alquiler.
“Este nuevo caso, denunciado y judicializado, no es el primero, no es un caso aislado, es el que sale a la luz porque el damnificado, aun con miedo, decide que no al anonimato y que se sepa, por lo que atravesamos las familias inquilinas a diario”, manifestaron.
En este sentido, en el comunicado explicaron que un inquilino de Comodoro Rivadavia, con un contrato que vence en diciembre, fue golpeado dentro de la vivienda por una patota de personas enviadas por la propietaria. “A causa de la golpiza que le da, le lastiman gravemente los tobillos, al punto de no poder caminar”.
Indicaron que la policía, en primera instancia, se negó a tomar la denuncia del grave hecho contra la integridad de la persona y contra la propiedad privada. “Es propiedad privada, porque mientras contratamos el lugar donde vivimos tenemos derecho a la privacidad y la seguridad en la propiedad y de tenencia de la misma”, señalaron.
El sindicato hizo hincapié en que estos hechos son una muestra de la crisis habitacional a la cual el Estado no da respuesta y por ende profundiza, a pesar de tener instituciones abocadas a resolver la problemática habitacional.
“Instamos a las instituciones gubernamentales a trabajar en medidas de gestión, ordenamiento, ejecución y control de políticas públicas que contengan la situación actual y futura de las familias inquilinas de la provincia de Chubut”, concluyeron.
Por otro lado, recientemente en Facebook, red social donde se suelen publicar anuncios de viviendas en alquiler de manera particular o se solicita información al respecto, se viralizó una publicación que alertaba sobre ciertas conductas de una propietaria de esta ciudad, instando a los usuarios a “no alquilarle”, debido a su presunta actitud violenta.
Estos casos se enmarcan en un contexto generalizado que surge tras la derogación de la ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. En esta situación, inquilinos de todo el país enfrentan obstáculos significativos al intentar acceder a una vivienda o mantenerla: renovaciones contractuales con incrementos de más del 300%, demandas de aumentos no acordados previamente, imposición de comisiones extras y gastos inesperados, así como amenazas de desalojo, se han vuelto cada vez más frecuentes.
