El Gobierno aprobó una línea de $400 millones en bonos fiscales para financiar propuestas de formación profesional impulsadas por empresas y cooperativas. El objetivo es mejorar la empleabilidad de personas desocupadas, capacitar trabajadores en actividad y aumentar la competitividad productiva.
El Gobierno aprobó el Programa Crédito Fiscal 2025 que busca fortalecer las competencias laborales de trabajadores ocupados y las condiciones de empleabilidad de trabajadores desocupados para mejorar sus posibilidades de inserción laboral, a la vez que incrementar la productividad y la competitividad de las empresas y de las cooperativas de trabajo.
La medida se implementó a través de la Resolución 437/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Julio Cordero.
El plan funcionará mediante la emisión de certificados de Bono Fiscal a favor de empresas y cooperativas que presenten propuestas de formación profesional, con un cupo total de $400 millones.
Estos bonos podrán utilizarse para cancelar obligaciones impositivas nacionales, conforme a la normativa vigente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La distribución de los fondos se realizará de manera regional, con montos asignados a cada provincia y región, priorizando la cantidad de empresas activas con cuatro o más empleados, según los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.
El Programa Crédito Fiscal 2025 está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), grandes empresas y cooperativas de trabajo, que podrán presentar propuestas de capacitación laboral. Estas entidades, denominadas Organismos Responsables, pueden asociarse con Organismos Adherentes, como otras empresas de la cadena de valor, instituciones de formación profesional, entes administradores de agrupamientos industriales y asociaciones sectoriales.
El monto máximo financiable por propuesta varía según el tipo de entidad. Las MiPyMEs y cooperativas pueden financiar hasta el 30% de la masa salarial o retornos de los últimos 12 meses, con un tope de 6 millones de pesos, mientras que las grandes empresas pueden financiar hasta el 0,8% de su masa salarial, también con un tope de 6 millones. El monto puede ampliarse hasta 10 millones si la propuesta incluye formación para desocupados o para empresas de la cadena de valor.
Requisitos de la propuesta:
Las acciones de formación profesional pueden desarrollarse en modalidad presencial, virtual sincrónica, semipresencial o virtual autoasistida.
Los cursos deben tener entre 8 y 120 horas reloj y pueden ser de formación cerrada (diseñados ad hoc para la empresa) o abierta (oferta regular de instituciones acreditadas). No se admiten propuestas vinculadas a carreras terciarias, de grado, diplomaturas ni posgrados.
El programa establece cupos mínimos y máximos de participantes por curso, diferenciando entre trabajadores ocupados y desocupados, y según la modalidad de dictado.
Para los cursos destinados exclusivamente a desocupados, la cantidad máxima de beneficiarios no puede superar el doble de la dotación de trabajadores de la empresa o cooperativa responsable.
Las propuestas pueden incluir la compra de equipamiento para instituciones de formación profesional, con un tope del 50% del monto total de la acción formativa. El equipamiento debe ser nuevo y permanecer destinado a la formación durante al menos cinco años.
