El jefe de Fiscales confirmó que comenzó la audiencia preliminar del caso y que el juicio se realizará ante un jurado popular. La defensa del acusado sostiene que actuó en legítima defensa, una hipótesis que será debatida durante el proceso.
El jefe de Fiscales, Cristian Olazábal, confirmó que comenzó la audiencia preliminar en la causa por el homicidio de Maximiliano Cifuentes y señaló que el Ministerio Público Fiscal mantiene la acusación contra Roberto Alejandro Romero, para quien solicitó una pena de 20 años de prisión.
Según explicó, la acusación fue presentada en junio del año pasado y en esa instancia se ofrecieron 47 testigos para el juicio, aunque posteriormente se realizó una depuración y se alcanzaron convenciones probatorias entre las partes.
“El hecho en sí no está discutido, pero sí la mecánica de cómo ocurrió”, indicó Olazábal al referirse al episodio que tuvo lugar el 1 de enero alrededor de las 5.50.
De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Cifuentes se encontraba acompañando a un grupo de amigos cuando se produjo una pelea entre el acusado y uno de los integrantes del grupo. En ese contexto, la víctima intentó intervenir para separarlos.
“Ahí es cuando el imputado decide quitarle la vida: ingresa a su vehículo, extrae una daga de doble filo y le asesta tres puñaladas, una de ellas lesionando el corazón y provocando su muerte en el lugar a los pocos minutos”, detalló el fiscal.
Olazábal señaló que la audiencia preliminar fue “bastante controvertida”, ya que la defensa sostiene una versión distinta de los hechos y considera que el acusado actuó amparado por las normas que permiten la legítima defensa. Ese planteo será uno de los ejes centrales del debate.
Durante la audiencia también se discutió la admisión de pruebas. Desde la Fiscalía se objetó parte de los testigos propuestos por la defensa al considerar que muchos pertenecen al entorno familiar del imputado o son testigos de oídas, lo que no está permitido introducir en un juicio.
El acusado no hizo uso de su derecho a declarar y únicamente se escucharon las alegaciones de su defensor.
En paralelo, el Ministerio Público solicitó que se mantenga la prisión preventiva del imputado por seis meses más o hasta la finalización del juicio oral, debido a que vencía la medida de coerción más gravosa.
El caso será juzgado por un tribunal de jurados populares. En las próximas etapas se convocará a una nueva audiencia para terminar de definir qué pruebas serán incorporadas al debate, luego se realizará el sorteo de los potenciales jurados y la audiencia de selección.
“Con esos pasos cumplidos estaremos en condiciones de iniciar el debate en los próximos meses”, concluyó Olazábal.
