El concejal Ariel Montenegro confirmó que se ultimaron los detalles técnicos y de redacción sobre el contrato redactado por el Ejecutivo para otorgarle despacho en el plenario de comisiones. La obra de 8 kilómetros, frenada desde hace 35 meses, será financiada íntegramente por el Municipio con $14.200 millones provenientes de PAE y la Ley de Hidrocarburos. Los trabajos generarán hasta 90 empleos directos y aliviarán el tránsito sobre la Ruta 3.
Tras permanecer frenada durante 35 meses, la esperada obra de pavimentación del Camino Petrolero en Comodoro Rivadavia ingresó en su fase de definición en el Concejo Deliberante. En el marco de las reuniones de comisión, los ediles trabajaron en la revisión técnica y corrección de detalles del contrato elevado por el Ejecutivo municipal a través de Asesoría Letrada, buscando emitir el despacho definitivo para su tratamiento en el recinto.
El proyecto, que originalmente contemplaba financiamiento del Gobierno Nacional y que formaba parte de los compromisos expresados en febrero de 2024 por el gobernador Ignacio Torres, fue reformulado para ser afrontado de forma directa por la administración municipal.
Al respecto, el concejal Ariel Montenegro detalló que la inversión estipulada asciende a 14.200 millones de pesos, recursos que se obtendrán mediante aportes de la empresa Pan American Energy (PAE) y fondos de la Ley de Hidrocarburos destinados específicamente a la obra pública.
La obra contempla la pavimentación de un tramo de 8 kilómetros, proyectado como una arteria clave para aliviar el caudal vehicular sobre la Ruta Nacional N.° 3, especialmente durante las horas de mayor saturación.
«Será una alternativa más para las horas pico y las complicaciones que hoy se generan en la zona de la Ruta 3. Achicaría muchísimo la trama vial en la zona sur, aunque a futuro tengamos que buscar alternativas similares para la zona norte», sostuvo Montenegro.
Además del beneficio en la conectividad urbana, la concreción del proyecto tendrá un fuerte impacto laboral. La ejecución de la obra se extenderá por un plazo de 24 meses y requerirá la contratación directa de entre 80 y 90 trabajadores del sector de la construcción, contribuyendo a descomprimir la bolsa de trabajo del gremio.
Respecto a los tiempos de ejecución, Montenegro estimó que, tras la aprobación del marco normativo por parte del cuerpo legislativo, el inicio de las tareas en el terreno no debería demorar más de dos meses.
