Así lo manifestó la concejal de Comodoro por Arriba Chubut Gabriela Simunovic, tras conocerse las medidas nacionales que impactan en la atención de personas con discapacidad y recordó la vigencia de la Ley de Protección Integral 24901 que garantiza el acceso a las prestaciones de salud, rehabilitación y educativa de las personas con discapacidad.
“Existía un nomenclador nacional que se fija en base al índice de la inflación para los centros educativos terapéuticos y los profesionales que ejercen la rehabilitación como quienes atienden a pacientes con distintas discapacidades”.
La edil cuestionó la decisión de desregular este tipo de prestaciones de salud por lo que no hay “límite ni control” sobre el pago que incluye a acompañantes terapéuticos y educación de las personas con certificado de discapacidad.
“Siempre fue engorroso poder acceder a estas prestaciones que están debidamente certificadas más allá de la prepaga o la obra social. Nunca fue fácil pero ahora será mucho más difícil porque cada prestador podrá cobrar lo que quiera”, dijo Simunovic en Cadena Tiempo Comodoro.
“Si nunca fue fácil para las personas con discapacidad poder acceder a las prestaciones de Salud, educativas y laborales; esto hará que el mismo se complique aún más”.
Anticipó la necesidad de plantear estrategias que permitan revertir estas medidas nacionales que afectan contra la reinserción y la terminalidad escolar. “Mucho de los niños y adolescentes con discapacidad para acceder a una educación de calidad, igualitaria y con equidad, requieren de cierto tipo de prestaciones como un acompañante terapéutico. Y no solamente Salud y Rehabilitación tendrán difícil acceso sino también lo educativo. Es bastante grave lo que está ocurriendo”.
La concejal explicó que el decreto se presentó el 10 de mayo y generó distintas reacciones en el ámbito de la discapacidad incluyendo a familias y redes de acompañantes y contención.
“Nunca se tuvo muy en cuenta a las personas con discapacidad, se los tuvo bastante olvidados y en los últimos años, como personas sujetas a Derecho y quienes han recibido algún tipo de pensión no contributiva, se las dieron no por discapacidad sino por invalidez. La ley nunca se modificó en ese sentido y existe una creencia que hay muchas personas que son inválidas cuando en realidad, la discapacidad no necesariamente representa invalidez laboral”, aclaró.
Simunovic planteó que se apunta a lograr la mayor autonomía posible de las personas con discapacidad severa. “Estas cuestiones lo que hacen es que esto sea cada vez más difícil de lograr para las familias. Esto se hizo visible hace pocos días, lo plantearemos en el Consejo de Discapacidad para poder ver qué se puede hacer a nivel local y visibilizar la problemática”.
“Esto es ideológico –advirtió la edil- ya que todo se mide por mercado cuando en realidad, la salud y la rehabilitación nunca dan ganancia para el Estado y sí para las prepagas y las obras sociales. Si medimos todo desde ese parámetro, incluyendo a las personas con discapacidad, siempre éstas saldrán perdiendo. Con el nomenclador nacional siempre los prestadores privados dieron respuesta y ahora pretenden una ganancia mayor por lo que las personas afectadas se quedarían sin prestaciones que afectan sus derechos”, remarcó Simunovic.
