En el marco de la ejecución de sentencia de una acción de amparo colectivo impulsada por la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia (ODG), el Estado Provincial ha interpuesto un recurso de apelación que, lejos de constituir una objeción jurídica fundada, configura un nuevo intento de deslegitimar la labor proactiva que, desde el propio Poder Judicial, vienen sosteniendo con firmeza la Jueza interviniente y la Asesoría de Familia.
Esta acción judicial colectiva se inició con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras en los establecimientos educativos públicos de Comodoro Rivadavia.
Desde entonces, la Magistrada a cargo del proceso y la Asesoría de Familia han desempeñado un rol activo y sostenido, acompañando a la ODG en el seguimiento y cumplimiento efectivo de una sentencia firme dictada en resguardo de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La apelación presentada por la Fiscalía de Estado no solo intenta neutralizar las medidas judiciales orientadas al cumplimiento del fallo, sino que también perpetúa la falta de transparencia en la gestión y previsión de obras públicas
Al hacerlo, priva a la comunidad educativa del acceso a información básica sobre planificación, plazos e inversiones comprometidas.
De manera simultánea, desde esta Oficina nos encontramos a la espera de la confirmación de una reunión solicitada con el Gobierno Provincial, a fin de plantear formalmente la gravedad de esta situación, así como también la falta de compromiso sostenido del Ministerio de Educación con la participación en la Mesa de Prevención de Violencias Sexuales contra NNyA, única en la Provincia y cuya labor interinstitucional se impulsa y mantiene de forma constante desde hace varios años.
