La Ministra de Seguridad repudió las prácticas extorsivas de los dirigentes del SUPA Chubut y mostró su apoyo al gobernador Ignacio «Nacho» Torres.
Esta mañana, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respondió al video compartido por el actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Héctor Iturrioz. En el material se escuchan audios y se muestran chats de los dirigentes del SUPA, quienes están bajo arresto domiciliario por extorsión, amenazas y pedidos de coimas a empresarios pesqueros.
En su publicación en “X”, Bullrich indicó “CON EXTORSIONADORES NO SE NEGOCIA. La Argentina de los aprietes se terminó. No vamos a permitir que se sometan los intereses del pueblo argentino a la voluntad de las mafias. Todo mi apoyo al gobernador Ignacio “Nacho” Torres.
https://twitter.com/PatoBullrich/status/1758102466837561851
Por su parte, Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, publicó el video donde detalló, “felicito a la justicia por su rápido accionar, fundamental para terminar con los aprietes y los mensajes extorsivos” y agregó “en Chubut no hay lugar para las mafias, el único camino es el del orden y el trabajo”.
Sindicalistas del SUPA detenidos por extorsión
El jueves 8 de febrero, la jueza penal de Rawson, Ana Karina Breckle, dispuso dictar prisión domiciliaria por el plazo de un mes a los cinco integrantes de la cúpula del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) Chubut, acusados por extorsión y amenazas contra un grupo de empresas de la estiba capitalina.
La medida recae sobre Alexis “Gallo” Gutiérrez, secretario general del sindicato estibador en la provincia; Bruno Vega, Claudio Villarroel, Juan Zambrano y Juan Inalef, todos ellos miembros de la comisión del gremio. A ella se suma una prohibición de acercamiento a todos los empresarios denunciantes.
“El hecho que se investiga es sumamente grave. Han causado miedo y pavor a las presuntas víctimas y a sus familiares. Afectaron la paz social provincial, las arcas provinciales a los trabajadores y a otros sectores de la pesca”, resaltó la magistrada durante la audiencia.
Para la fiscal jefe de Rawson los imputados utilizaron el gremio que conducen como un medio para obligar a los empresarios a transferir dinero mediante amenazas para sus propios beneficios particulares.
