La familia de Ángel aguarda con expectativa la conferencia que ofrecerá la jueza María Marta Nieto para presentar los resultados finales de la auditoría realizada en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de la circunscripción. Para los allegados del menor, el informe podría aportar elementos clave sobre las fallas del sistema de protección que sostienen, no logró evitar el desenlace fatal.
Lorena Andrade, madrasta del niño, adelantó que intentará asistir a la conferencia para escuchar de primera mano las conclusiones de la auditoría. «Espero escuchar toda la falla que hay en este sistema que debe proteger al menor y no lo ha hecho. No espero otra cosa, solo que me digan todas las fallas que han encontrado», expresó.
La mujer también se refirió al accionar del fiscal Héctor Cárcamo y manifestó sus dudas respecto de su actuación en la investigación vinculada a las responsabilidades institucionales. «Espero que exprese por escrito todo lo que nos dijo a mí y al papá de Ángel sobre el equipo que intervino. Si no quiere trabajar, debería hacerse a un lado», afirmó.
Según relató, durante una reunión el fiscal les habría manifestado que, a su criterio, el equipo de protección actuó correctamente, una postura que la familia rechaza. Por lo cual Andrade sostuvo que la demanda presentada no apunta a atribuir responsabilidades penales por el homicidio, sino «por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono e ideología de género», en referencia a quienes intervinieron en el caso.
Finalmente, la madrasta de Ángel también cuestionó decisiones judiciales recientes relacionadas con la causa y remarcó que espera que el informe elaborado por la jueza Nieto refleje las irregularidades detectadas. «Hoy quiero escuchar qué tiene para decir María Marta Nieto de lo que ha encontrado. Seguramente debe haber muchas fallas y espero que queden reflejadas en la auditoría», concluyó.
La conferencia de la magistrada genera expectativa no solo en la familia del niño, sino también en distintos sectores que siguen de cerca el caso, ya que el informe podría derivar en nuevas medidas institucionales y judiciales sobre el funcionamiento de los organismos encargados de la protección de niños, niñas y adolescentes.
