La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados avanzó en un dictamen de consenso para incluir la violencia digital en la ley vigente
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados avanzó este martes en lograr un dictamen de consenso que reúne dos proyectos que buscan modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar la figura de la «violencia digital» como una modalidad de violencia.
En la reunión, los diputados firmaron un dictamen de consenso sobre el proyecto denominado ley Olimpia, en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, que propone reformar la ley de Género y contempla además una iniciativa similar presentada en ese sentido por la diputada de Evolución Radical, Danya Tavela.
Aún falta que el proyecto pase por la comisión de Comunicaciones, que preside el diputado del FDT, Pablo Carro, que había sido convocada para este martes pero se suspendió por razones de agenda.
Durante el encuentro de la Comisión de Mujeres y Diversidad su titular, Mónica Macha ( Frente de Todos), expuso que la inclusión de la «violencia digital» en la ley vigente es una «estrategia regional» y sostuvo que «es fundamental incluir este tema en nuestra legislación».
«La violencia virtual es real y cada vez tiene más efectos en las vidas reales», aseguró Macha.
Por su parte Tavela aseguró que «cuando una mujer se ve obligada a abandonar el uso de una red social, obligada a abandonar su participación en determinados grupos sociales o públicos, cuando se ve afectada en su capacidad laboral o de desarrollo de su carrera o en sus vínculos familiares se está restringiendo su libertad«.
«Por eso me parece importante que podamos avanzar en el dictamen de esta norma. Ser víctimas de algún tipo de violencia requiere la intervención del Congreso», agregó Tavela.
La diputada del FDT Florencia Lampreabe advirtió sobre el «caldo de cultivo» que se generó a través de las redes y que provocó el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «con discursos de odio y sexistas».
A su turno, la diputada del oficialismo María Rosa Martínez indicó que esos ataques provocaron «la enfermedad de Florencia Kirchner» y puso de relieve que la violencia digital «afecta la intimidad, la acción pública y la pérdida de acción en la justicia».
El proyecto de violencia digital plantea que se entiende por violencia contra las mujeres «toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal».
La iniciativa establece la implementación de «un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinado a dar contención, información y asesoramiento sobre recursos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.
La iniciativa plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente.
La iniciativa fue presentada en julio pasado en un encuentro que contó con la presencia de la exministra de Mujeres y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el espacio de víctimas «Ley Olimpia Argentina» y la organización Género y TIC.
La ley Olimpia es originalmente una ley mexicana impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
En paralelo, la comisión de Legislación Penal buscará avanzar con la ley Belén, con el objetivo de incorporar al Código Penal argentino los delitos de este tipo, al establecer prisión de tres meses a dos años y multas para quienes sean encontrados culpables.
