La presidenta de la Cámara de Apelaciones María Marta Nieto, presentó el informe final de la auditoría sobre los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). El relevamiento identificó desvíos en el funcionamiento y derivó en una serie de medidas que ya fueron dispuestas por el Superior Tribunal de Justicia para optimizar la atención de casos de familia.
Durante una conferencia de prensa, la magistrada explicó que la auditoría se desarrolló durante 60 días y comprendió un análisis integral del trabajo de los equipos técnicos, los recursos disponibles, los procedimientos internos y el abordaje de expedientes. El objetivo fue detectar falencias y proponer mejoras para fortalecer la protección de niños, niñas, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
La jueza precisó que la primera etapa permitió constatar que los ETI cuentan con los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para cumplir sus funciones, por lo que descartó que las deficiencias detectadas respondan a una falta de infraestructura.
Sin embargo, el informe detectó desvíos en los tiempos de intervención y en la organización del trabajo. Entre ellos, señaló demoras en la asignación de entrevistas para algunos casos con medidas de protección vigentes, diferencias en la distribución de agendas entre profesionales y la necesidad de una mayor participación de los jueces en el seguimiento de cada expediente.
Nieto remarcó que las recomendaciones buscan reducir los tiempos de respuesta, mejorar la coordinación entre organismos y evitar situaciones de revictimización. También propuso revisar los criterios de intervención, fortalecer el trabajo articulado con el Servicio de Protección de Derechos y otros organismos, como también avanzar en capacitaciones específicas para todos los operadores judiciales.
En ese sentido, destacó que el Superior Tribunal de Justicia ya dispuso la implementación de la totalidad de las medidas sugeridas durante la auditoría, entre ellas modificaciones en la organización de agendas, criterios de abordaje y una mayor capacitación en perspectiva de vulnerabilidad.
La auditoría se desarrolló en cinco etapas e incluyó entrevistas con colegios profesionales, organismos judiciales, relevamiento de recursos, observación del funcionamiento cotidiano de los ETI y el análisis de más de 30 expedientes seleccionados al azar. El seguimiento de las medidas implementadas constituirá la última etapa del proceso para evaluar su eficacia y realizar los ajustes que resulten necesarios.
