La mañana del pasado miércoles se realizó en los tribunales del barrio Roca la audiencia de apertura de la investigación por el hecho ocurrido el 25 de octubre de 2025, que tiene como imputado a Fabricio Sebastián Sachi.
La acusación es impulsada por el fiscal jefe Cristian Olazabal, quien solicitó que el hecho sea formalizado bajo la calificación provisoria de “resistencia a la autoridad”. Además, requirió que se fije una nueva audiencia de incidentes con el objetivo de “tratar una solución alternativa del conflicto”.
Por su parte, la defensa técnica del imputado, ejercida por el abogado particular Francisco Oneto, planteó el sobreseimiento de su asistido y, subsidiariamente, la excepción por falta de acción. Finalmente, el juez penal Jorge Odorisio rechazó los planteos defensivos y autorizó la apertura formal de la investigación por el plazo de ley.
El hecho investigado
Según el relato del Ministerio Público Fiscal, el episodio se produjo el 25 de octubre, alrededor de las 6:10, cuando personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto a efectivos de la Comisaría Seccional Segunda realizaban un control de tránsito y test de alcoholemia en la intersección de Cardenal Cagliero y Necochea, en nuestra ciudad.
En ese contexto, Sachi habría circulado por el lugar a bordo de un vehículo marca Nissan, acompañado por una mujer no identificada, a alta velocidad. Al advertir el operativo, detuvo bruscamente la marcha y estacionó el rodado en un ángulo de 45° sobre calle Necochea.
Una agente se acercó al vehículo para efectuar el control correspondiente. Tras entregar la documentación requerida, se le informó que debía realizarse el test de alcoholemia. De acuerdo con la acusación, el imputado se negó y habría proferido expresiones intimidatorias hacia la funcionaria, aludiendo a su supuesta condición de “fiscal general” y advirtiendo sobre posibles consecuencias laborales.
Ante la negativa, la agente convocó al superior a cargo del operativo, quien reiteró la orden de realizar el test y le informó que, en caso contrario, se labraría el acta de infracción. Siempre según la versión fiscal, Sachi ratificó su negativa, elevó el tono de sus expresiones y desafió al efectivo policial. Finalmente, se negó a firmar el acta, cerró con llave el vehículo y se retiró del lugar a pie junto a su acompañante.
Olazabal sostuvo que existe evidencia suficiente para tener por acreditada la existencia del hecho y la probable responsabilidad del imputado, por lo que consideró procedente avanzar con la investigación penal preparatoria.
Los planteos de la defensa
En la audiencia, el defensor Oneto —quien participó por videoconferencia— solicitó el sobreseimiento de su asistido al considerar que la acción fue “ilegalmente promovida”, argumentando que existió una presión externa indebida. Señaló que el caso fue mediatizado y que la intervención del Ministro de Seguridad habría afectado la independencia del tribunal.
De manera subsidiaria, planteó la excepción por falta de acción, al sostener que su defendido dejó el vehículo e ingresó a su domicilio, ubicado a unos 40 metros del control, y que fueron los agentes quienes abandonaron el operativo para dirigirse hacia él y requerirle la documentación.
En respuesta, el fiscal jefe pidió que se rechacen ambos planteos. Indicó que, ante el conocimiento de un posible delito, es deber del Ministerio Público Fiscal promover la acción penal y que no hubo vulneración legal alguna. Además, afirmó que la intervención de los medios de comunicación no invalida el proceso y calificó el pedido de sobreseimiento como “prematuro” en esta etapa.
Finalmente, el juez Odorisio resolvió rechazar el sobreseimiento y la excepción por falta de acción, autorizando la apertura de la investigación y dejando debidamente notificado al imputado sobre el hecho que se le atribuye, con la defensa técnica garantizada.
