La Justicia de Chubut avanzó fuertemente en la investigación de un presunto delito de extorsión en ocasiones reiteradas hacia empresas pesqueras de Rawson. En ese marco este viernes por la mañana se realizaron cinco allanamientos en domicilios de la ciudad capital, Puerto Madryn y Comodoro.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal del caso, a partir de las denuncias por extorsión y pedido de coimas realizadas por un grupo de empresarios pesqueros, contra la cúpula dirigencial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).
Expertos en contabilidad del Ministerio Público Fiscal informaron mediante el análisis de datos bancarios sobre transferencias de fondos a cuentas personales, cuyo origen se vincula con supuestos pedidos de coimas dirigidos a empresas de estibajes.
Estos pagos buscaban asegurar la continuidad operativa del sector.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
La denuncia inicial se remonta a octubre de 2023, coincidiendo con la imposición de una medida restrictiva que prohíbe a los sindicalistas acercarse a los denunciantes.
Se secuestraron los teléfonos celulares de cada uno de ellos, desde donde se habrían consumado las extorsiones denunciadas. En tanto, el titular del SUPA, se encontraba en la localidad de Comodoro Rivadavia al momento del allanamiento a su vivienda, por lo que se presentó horas más tarde en la División Policial de la localidad petrolera, informó El Chubut.
SECUESTROS
La investigación es llevada a cabo por la Oficina de la Unidad en la ciudad de Rawson, con la intervención de la Fiscal General Florencia Gómez, la Jueza Penal Ivana González, y la participación de Infantería en los operativos de guardia efectuados.
En la ciudad de Rawson se realizaron dos dirigencias, en las viviendas de Bruno Nicolás Vega y Claudio Villarroel. En Comodoro Rivadavia, se allanaron los domicilios y se secuestró teléfonos celulares.
En tanto, en Puerto Madryn, se allanó una vivienda pero no se efectuaron secuestros ya que el titular del gremio había viajado a Comodoro Rivadavia la noche anterior.
Ahora, la Fiscalía tendría las pruebas necesarias para avanzar en la apertura de investigación por el presunto pedido de coimas y las conductas extorsivas por parte de la conducción del sindicato