Se busca que las instituciones educativas, deportivas y sociales tengan sus propios protocolos de prevención contra el abuso sexual en la niñez y adolescencia.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió este miércoles un dictamen consensuado entre el oficialismo y la oposición sobre un proyecto que establece que todas las instituciones educativas, deportivas y sociales deberán crear un protocolo de prevención contra el abuso sexual infantil.
Las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales, que presiden la radical santacruceña Roxana Reyes, y el radical Jorge Vara, decidieron modificar el texto sancionado por el Senado, con lo cual -en caso de ser el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados- deberá ser enviado en revisión a la Cámara alta.
La iniciativa de la senadora radical María Belén Tapia establece que «toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda«.
El protocolo «deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados y garantizar el interés superior del niño».
Reyes aseguró que «este proyecto llegó con una sólida media sanción del Senado, y en la Cámara de Diputados generó algunas diferencias en cuanto a su redacción, que requería modificaciones», y por eso desde que ingresó trabajó e hasta que se logró «el consenso necesario ante una gran demanda de la sociedad civil».
«Con esta ley esperamos que los docentes, educadores o quienes trabajan a diario con niños, tengan las herramientas necesarias para saber cómo actuar en cada caso», señaló.
A su vez, la legisladora del FDT Paola Vessvessian afirmó que «la adhesión de las provincias es clave ya que en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia existen protocolos, pero al no ser vinculantes algunas provincias lo aplican y otras no. Con esto le estaríamos dando fuerza de ley a protocolos preexistentes que obligan a las autoridades de aplicación de cada una de las provincias de supervisar y monitorear».
Por su parte, la diputada de izquierda Romina del Pla aseveró que «es importante que aprobemos medidas y protocolos que cuiden a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero luego todo esto tiene que aplicarse a la realidad porque sino no pasamos de expresiones de deseos».
La legisladora oficialista riojana Hilda Soria señaló que este proyecto se logró «a través de consenso para que este protocolo hoy tenga una firma, poniendo por encima los derechos de los niños, niñas y adolescentes».
Los detalles del proyecto abarcan una serie de medidas clave como la puesta a disposición de las instituciones de material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo y otras herramientas relevantes para la creación y ejecución de protocolos. Todo esto se llevará a cabo según lo establecido en la Ley 27.709 y en el contexto del Plan Federal de Capacitación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además fija que la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, serán los encargados de establecer las medidas necesarias para brindar herramientas para cumplir con el mencionado protocolo, como por ejemplo poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, establecer los mecanismos de control y diseñar una campaña de difusión y concientización.
En ese sentido, se deberán establecer los requisitos mínimos de los protocolos que deberán cumplir las instituciones y determinar los plazos en los que las mismas organizaciones deberán tener el protocolo para prevenir abusos sexuales.
Además, fija que la Secretaría de la Niñez deberá poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección de estos protocolos.
