Se trata de alrededor de 50 familias que sufrieron el deterioro de las viviendas, donde en algunos casos se han derrumbado techos, paredones y hasta la rotura de las mismas por el movimiento de suelo.
Familias de un complejo de aproximadamente 600 viviendas entregadas en diciembre de 2019 en Comodoro Rivadavia impulsan denuncias penales y civiles ante la justicia. Los adjudicatarios advierten sobre el acelerado deterioro de los inmuebles, donde más de 50 vecinos organizados denuncian rajaduras generales en techos, paredes y pisos, fallas en cañerías y desplazamiento del suelo.
Entre los testimonios de los afectados, la vecina Patricia afirmó que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) no ha brindado respuestas formales tras las inspecciones. “Llamé tres veces, vinieron a mi casa, miraron y no hubo informe ni respuesta de nada; con los temporales de lluvia ves más roturas y no sabés si arreglar o no porque aparece otra cosa”, relató. Asimismo, explicó que debió destinar sus recursos a reconstruir el paredón de su propiedad en lugar de abonar cuotas que, según comentarios del barrio, podrían alcanzar los 700.000 pesos en un contexto de creciente desempleo.
Por su parte, la vecina Virginia Escobar brindó un alarmante detalle del estado interior de su vivienda y de las intimaciones que reciben. “En mi casa cayó agua en la pieza, donde está la luz se me hizo una catarata y el paredón se está partiendo; noto que en cualquier momento se va a abrir en dos porque se está inclinando”, advirtió Escobar, señalando que las aberturas de la cocina y el portón de salida ya no cierran bien por la deformación del terreno. La residente agregó que reciben cartas documento y mensajes de WhatsApp amenazando con embargos por falta de pago, sin recibir soluciones técnicas a las filtraciones.
En la misma línea, el vecino Oscar Ríos apuntó contra el IPV y el municipio por haber avanzado con la construcción sin respetar los estudios de terreno que aconsejaban no edificar en el sector. “Nos entregaron una vivienda donde a los dos años se cayó un cielorraso completo, las paredes presentan separaciones de 2 a 4 centímetros y al escarbar 30 centímetros brota agua”, denunció Ríos, indicando que los peritos judiciales ya constataron la gravedad de los daños. Asimismo, cuestionó la falta de presencia de las autoridades provinciales para recorrer el barrio y escuchar la situación real de las familias.
Ante el avance de las causas judiciales y el continuo desplazamiento del suelo, los adjudicatarios exigen el cese de las intimaciones de cobro, la revisión de los expedientes técnicos y una respuesta oficial definitiva para garantizar la seguridad de sus familias.
