El referente gremial Armando Olmos denunció que las cámaras empresariales imponen techos salariales de entre 1,3% y 1,5% frente a constantes aumentos de prepagas e insumos. Pese a las restricciones de la ley de servicios esenciales, el sector privado mantendrá guardias mínimas durante el reclamo.
Los trabajadores de la salud privada agrupados en el gremio ATSA llevarán adelante una medida de fuerza en clínicas y sanatorios de la región tras llevar más de 45 días de negociaciones paritarias sin alcanzar un acuerdo con las cámaras patronales del sector. La medida responde al congelamiento de los haberes frente a los constantes incrementos en el costo de vida y los servicios básicos.
El dirigente sindical Armando Olmos criticó duramente la postura de los empresarios de la salud y las directivas oficiales sobre los topes salariales. “A nivel nacional las cámaras no quieren ceder nada. Ellos dicen que las prepagas ganan más, cobran más y las obras sociales también”, señaló, cuestionando que a los trabajadores se les pretenda fijar aumentos mínimos: “Nos ponen un tope del 1,3% o 1,5% y no puede ser. Saben lo que está la comida, el combustible, los impuestos, la luz y el gas, y nuestro bolsillo queda más flaco todavía”.
Olmos remarcó que las empresas cuentan con los mecanismos legales e institucionales para percibir sus cobros de obras sociales y medicina prepaga, mientras que las familias trabajadoras dependen de la actualización regular de sus escalas. Asimismo, advirtió sobre despidos de personal de mayor antigüedad para evitar el pago de beneficios laborales y la sobrecarga de tareas sobre la plantilla restante.
En relación con la modalidad de la protesta, el representante de ATSA explicó las limitaciones operativas impuestas por el encuadre legal de la actividad como servicio esencial. “Al ser esenciales tenemos que dejar por ley el 75% trabajando en todas las clínicas y sanatorios; el 25% va a parar. Cuidaremos las guardias mínimas, pero para nosotros va a ser un reclamo muy alto porque la gente está cansada”, aseveró.
Respecto a los ingresos del sector, Olmos detalló que el salario básico ronda los $1.300.000 y que la diferencia por zona patagónica (de entre un 25% y un 30% según el convenio) resulta absorbida por los elevados costos regionales de fletes, servicios e inquilinatos.
Por último, Olmos advirtió sobre la pérdida de fuentes de trabajo en centros de salud privados y el impacto indirecto que esto genera sobre todo el sistema sanitario regional. “Hay empresas que no pueden pagar los sueldos y mucha gente se quedó sin trabajo. En Comodoro se siente más todavía porque la gente al perder la prepaga ya no acude a clínicas privadas y se recarga todo en el hospital público”, concluyó.
