Durante una jornada de lucha realizada en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia, trabajadores nucleados en ATE cuestionaron los descuentos aplicados sobre los salarios y advirtieron sobre las dificultades que atraviesan numerosas familias estatales. También reclamaron por la situación de trabajadores suspendidos tras los incidentes registrados en una delegación administrativa.
Trabajadores estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este martes una jornada de lucha en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia, donde expresaron su rechazo a los descuentos salariales y plantearon distintos reclamos vinculados a las condiciones laborales.
María Luisa, auxiliar de la Escuela 183 y representante de sus compañeros, sostuvo que los descuentos alcanzaron a trabajadores que, según afirmó, se encontraban prestando funciones, además de quienes adhirieron a medidas de fuerza.
“Nos han hecho un descuento del 60 por ciento a todos los estatales. Fue un descuento masivo”, afirmó durante el diálogo, y aseguró que la medida generó serias dificultades económicas entre los trabajadores.
En ese sentido, relató que hay empleados que no pudieron afrontar gastos básicos como el alquiler, los servicios o la alimentación. “La gente ya no tiene ni para comer. Los dejaron sin pagar las cuentas, no pudimos pagar ni la luz ni el gas”, señaló.
La trabajadora contó además que, en su caso particular, los descuentos acumulados representarían una suma cercana a los dos millones de pesos. “Me descontaron el total de los días que tengo, 10 del año pasado, 15 de ahora y 9 de este año. En total tengo como 2 millones de pesos que me deben”, explicó.
A pesar de la situación, sostuvo que continúa desempeñándose en su lugar de trabajo y remarcó que su participación en la jornada de protesta está vinculada con el reclamo colectivo. “Yo sigo trabajando. Hoy vine a visualizarme acá con mis compañeros y después vuelvo a mi trabajo”, manifestó.
Reclamo por trabajadores suspendidos
Durante la jornada también se planteó la situación de trabajadores que fueron suspendidos luego de los incidentes registrados el pasado 4 de junio en una delegación administrativa.
Según explicaron los trabajadores, se trata de empleados que recibieron cartas documento, telegramas e intimaciones y que permanecen suspendidos mientras transcurre el proceso administrativo.
Uno de los trabajadores señaló que inicialmente se había informado que la suspensión tendría una duración de 90 días, aunque posteriormente se habría establecido que se trataría de 90 días hábiles, por lo que su reincorporación podría producirse recién en octubre.
El trabajador rechazó además las acusaciones vinculadas con los daños ocasionados en el edificio y sostuvo que no tuvo participación en esos hechos.
“Éramos aproximadamente 200 personas ese día, no éramos nueve. No sé por qué tomaron a nueve personas como chivo expiatorio”, expresó.
También afirmó que lleva 16 años dentro del sistema y que nunca había tenido antecedentes disciplinarios. “Nunca jamás tuve un acta de procedimiento”, sostuvo.
“¿Cómo hace la gente para vivir?”
Los trabajadores también cuestionaron la situación salarial y señalaron que los incrementos recibidos no alcanzarían para compensar el impacto de los descuentos.
“Te dan el 1,7 por ciento de aumento y te sacan el 60 o 70 por ciento del sueldo. ¿Cómo hace la gente para vivir?”, planteó María Luisa.
En ese marco, remarcó que la protesta continuará y aseguró que el objetivo es sostener las medidas “pacíficamente”.
Los trabajadores también rechazaron acusaciones relacionadas con supuestos cortes de ruta y cuestionaron el operativo policial durante las manifestaciones. Según su relato, en algunas intervenciones se aguardaba el cambio de los semáforos y no se interrumpía deliberadamente el tránsito.
“Nosotros esperábamos el semáforo. No cortamos la ruta”, afirmó la trabajadora, quien además cuestionó el trato recibido durante las movilizaciones.
La jornada volvió a poner en el centro del reclamo de los estatales la situación salarial, los descuentos aplicados y los conflictos administrativos que afectan a trabajadores de distintos sectores de la administración pública.
