Liliana Murgas, coordinadora de Infancias Robadas, participó de una reunión con la Comisión 2 del Concejo Deliberante, integrantes de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia. Presentaron un documento en el que plantearon la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a las infancias y reclamaron mayor presencia del Estado en los barrios.
Durante una reunión mantenida con la Comisión 2 del Concejo Deliberante, representantes de Infancias Robadas expusieron su preocupación por la situación del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes en Comodoro Rivadavia.
Liliana Murgas, coordinadora de la organización, explicó que el encuentro tuvo como uno de sus principales objetivos presentar un documento referido a la “fragilidad, desmantelamiento y debilitamiento” del sistema de protección de derechos de las infancias en la ciudad.
Murgas recordó que Infancias Robadas forma parte de una red nacional y que el espacio local comenzó a consolidarse luego de la visita de Marta Pelloni en 2017, mientras que en 2022 se produjo la activación del foro en la ciudad. La organización está integrada por personas voluntarias, entre ellas profesionales y jubilados, que realizan un seguimiento de distintas problemáticas sociales vinculadas con sectores vulnerables.
“Venimos a entregar un documento sobre la fragilidad o el debilitamiento del sistema de protección integral hacia las infancias aquí en Comodoro”, señaló.
En ese sentido, aclaró que el sistema de protección integral no se limita a un organismo determinado, sino que comprende la articulación entre organismos, instituciones, programas, leyes y presupuesto destinado a garantizar los derechos de niños y adolescentes.
Educación, salud y protección de derechos
Entre los principales ejes planteados aparecen las dificultades que atraviesan las escuelas, las condiciones laborales de los agentes de educación, salud y desarrollo social, además de las demandas que enfrenta actualmente el Servicio de Protección de Derechos.
Murgas sostuvo que las problemáticas sociales se han profundizado y que, al mismo tiempo, surgieron nuevos desafíos relacionados con el uso de las tecnologías por parte de niños y adolescentes, una situación que también genera una fuerte demanda de las instituciones educativas.
La referente explicó además que el Servicio de Protección de Derechos, como órgano de aplicación de la legislación vigente, enfrenta una importante cantidad de situaciones que requieren intervención y que, en muchos casos, el Estado no logra atender con la rapidez y los recursos necesarios.
Para Murgas, mejorar esta realidad es posible, pero requiere continuidad, profesionales, tiempo y presupuesto.
“Las intervenciones llevan tiempo porque se trabaja con las familias y con otras personas que también tienen sus propias decisiones. Pero si hay constancia, perseverancia y presupuesto, sí se puede”, afirmó.
“No podemos reemplazar al Estado”
La coordinadora de Infancias Robadas puso como ejemplo algunas experiencias que considera positivas, como el programa municipal La Esquina, aunque planteó la necesidad de ampliar este tipo de espacios hacia otros sectores de la ciudad.
En ese marco, cuestionó que Comodoro, debido a su extensa superficie y crecimiento territorial, cuente con una infraestructura social que considera insuficiente para atender las necesidades de toda la población.
También hizo referencia a los Centros de Promoción Barrial (CPB), señalando que actualmente existen 11 y que esa cantidad se mantiene desde hace décadas pese al crecimiento de la ciudad.
“Falta más Estado”, resumió Murgas, al remarcar la necesidad de ampliar la presencia estatal en los barrios mediante escuelas, espacios de cuidado, centros comunitarios y dispositivos de protección.
Finalmente, destacó el rol de las organizaciones sociales, pero advirtió que el voluntariado no puede sustituir las responsabilidades estatales.
“Nosotros no podemos reemplazar al Estado. No tenemos la infraestructura, la logística y muchas veces tampoco la capacitación, porque somos voluntarios. Somos una parte de la corresponsabilidad, pero hay algo que no alcanza”, concluyó.
