Patricia, una de las herederas del inmueble, aseguró que debió recurrir a un abogado particular para conseguir el desalojo luego de que la causa no avanzara en la Fiscalía. Con profundo dolor, explicó que optaron por derribar las construcciones para evitar nuevas ocupaciones y por el deterioro que sufrió la propiedad.
Luego de siete años de reclamos y gestiones judiciales, Patricia logró recuperar la propiedad que pertenecía a sus abuelos ubicada en calle Benito Lynch al 1000, un inmueble que permaneció usurpado durante años y que, debido al estado en el que quedó y al constante ingreso de ocupantes, será demolido por decisión de la familia.
En diálogo con la prensa, la mujer relató el extenso camino que debió recorrer para obtener el desalojo y cuestionó la demora de la Justicia.
“Hace más o menos siete años que vengo luchando. Estuve tres años con la Fiscalía y no me solucionó nada, así que tuve que contratar un abogado particular. Recién así conseguí el desalojo”, afirmó.
Patricia explicó que la propiedad pertenece a cuatro herederos y que fue construida por sus abuelos, por lo que la demolición representa un duro golpe emocional.
“Eso era de mis abuelitos. Ellos construyeron todo. Es una pena ver cómo lo tengo que tirar abajo porque se meten unos malandras que se creen dueños de todo”, expresó con tristeza.
Según contó, el inmueble era utilizado por una persona que alquilaba ilegalmente las distintas viviendas a terceros, generando un constante movimiento de personas.
“Entraba y salía gente todo el tiempo. Cuando logramos desalojar una parte de la propiedad, ese mismo día me quemaron una de las habitaciones de atrás mientras yo estaba haciendo la denuncia. Todavía quedaba una señora con sus hijos en la parte del frente, pero cuando llegamos hoy ya no estaban”, relató.
La familia resolvió avanzar con la demolición de las cuatro construcciones que integran el predio: dos departamentos y dos viviendas. La decisión, explicó Patricia, busca impedir nuevas usurpaciones y evitar que ocurra una tragedia debido al deterioro del lugar.
“Preferimos tirarlo abajo antes que pase una desgracia. Entraban y salían como si fueran dueños de la casa. No quiero cargar con la conciencia de que pueda ocurrir algo ahí adentro”, sostuvo.
Más allá del alivio por haber recuperado el inmueble, reconoció que observar la demolición resulta especialmente doloroso.
“Yo me crié acá. Viví en esta casa junto a mis abuelos. Todo esto fue fruto del sacrificio de ellos y es muy triste ver cómo están derrumbando parte de nuestra historia”, manifestó.
Patricia también señaló que la ocupación del inmueble afectó a los vecinos del sector, quienes, según indicó, sufrieron distintos hechos de inseguridad.
“Me enteré de que a varios vecinos les entraron a robar. Había un movimiento permanente de gente. Eso también me molestó mucho, pero la Justicia fue muy lenta”, expresó.
Finalmente, insistió en que el avance de la causa solo fue posible cuando decidió contratar un abogado particular, tras varios años sin respuestas en el ámbito judicial.
“Solamente con un abogado particular conseguí el desalojo”, concluyó.
