El abogado Roberto Castillo afirmó que existen “pruebas suficientes” para acusar a Mariela Altamirano como autora material del crimen y denunció graves fallas judiciales, mientras familiares convocan a una marcha a un mes del asesinato.
En la antesala de una movilización para recordar a Ángel, el niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, el abogado querellante Roberto Castillo aseguró que la investigación tuvo “muchísimos avances” y planteó un giro clave en la acusación: ya no se trataría de un delito por omisión, sino de un homicidio directo.
Según explicó, la querella sostiene que la madre del niño, Mariela Altamirano, no solo no evitó la violencia, sino que habría participado activamente en el crimen. “Tenemos elementos de convicción y muchísima prueba que indican que ella le propinaba golpes a Ángel y que lo asesinó”, afirmó. En ese sentido, también vinculó al padrastro como coautor del hecho.
Castillo remarcó que existen antecedentes de violencia. Señaló que Altamirano ya había perdido la tenencia de otro hijo en la provincia de Misiones, tras denuncias por maltrato, lo que —según la querella— refuerza la hipótesis de una conducta violenta sistemática.
En paralelo, el abogado confirmó que avanzan con denuncias contra funcionarios judiciales y profesionales intervinientes en el caso. Entre ellos, el juez de familia y una defensora oficial, cuya actuación será evaluada por el Consejo de la Magistratura. Además, anticipó denuncias penales contra psicólogas por presunto incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
“La justicia no escuchó al niño”, sostuvo Castillo, quien cuestionó los procedimientos judiciales que derivaron en el traslado de Ángel desde el entorno donde vivía con su padre hacia otro ámbito que, según indicó, no fue debidamente supervisado. También reveló la existencia de registros y denuncias previas que advertían sobre posibles situaciones de violencia.
En ese contexto, el letrado vinculó el caso con problemas estructurales del sistema judicial. “Hay una interferencia de la política en la justicia y una desigualdad en el acceso, donde las personas más vulnerables no son escuchadas”, afirmó.
Mientras tanto, familiares, amigos y allegados convocaron a una marcha en Comodoro Rivadavia para exigir justicia al cumplirse un mes del crimen, en un caso que generó fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre el funcionamiento de la justicia de familia en Argentina.
