Con 137 votos a favor y 111 en contra, la Cámara baja dio media sanción a la modificación de la norma que redefine áreas protegidas y otorga mayor poder a las provincias en la regulación de actividades mineras.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación aprobó en la madrugada la reforma de la Ley de Glaciares, luego de una extensa sesión que se prolongó hasta después de las 2:30. El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos frente a 111 negativos, en un debate atravesado por fuertes posiciones tanto a favor como en contra.
La modificación de la ley 26.639, sancionada en 2010 para la protección de glaciares y zonas periglaciares, introduce cambios significativos en la delimitación de áreas protegidas. A partir de ahora, serán las provincias las que tendrán mayor injerencia para determinar si determinadas zonas aportan al recurso hídrico y, por lo tanto, si deben ser preservadas o pueden habilitarse para actividades productivas.
Entre los puntos centrales, la nueva normativa redefine el alcance de protección, limitándolo a aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva” y a zonas congeladas que actúen como reguladores comprobables del agua. En ese sentido, se habilita la posibilidad de desarrollar actividades mineras e hidrocarburíferas en áreas periglaciares que no sean consideradas estratégicas para la recarga de cuencas.
No obstante, se mantienen prohibiciones en zonas identificadas como sensibles, como la exploración minera, la instalación de industrias o la liberación de contaminantes, salvo en casos vinculados a la investigación científica o la prevención de riesgos.
La reforma también establece que cualquier actividad en estas áreas deberá someterse a evaluaciones de impacto ambiental, mientras que las provincias serán responsables de definir qué intervenciones implican una alteración relevante.
Otro de los cambios clave es la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, que deberá revisarse al menos cada cinco años con información provista por las provincias.
La iniciativa, impulsada por gobernadores de regiones con fuerte potencial minero, busca destrabar inversiones en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, ya se anticipan posibles cuestionamientos judiciales, en medio de tensiones entre la potestad provincial sobre los recursos naturales y la responsabilidad del Estado nacional de garantizar presupuestos mínimos de protección ambiental.
