María Virginia Valderrey denunció que el sello profesional y la firma de su madre, la médica Susana Celia Di Sarli —que trabajó más de 30 años en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia— habrían sido usados de manera fraudulenta durante al menos una década, incluso en períodos en los que la profesional no se encontraba en funciones.
“Mi mamá, meses antes de fallecer, se entera que habían estado usando su sello médico, falsificando su firma y letra para diferentes usos”, afirmó la denunciante.Una finalidad habría sido “subsanar falencias en la facturación del hospital a las obras sociales”, lo que abre interrogantes sobre el alcance administrativo y económico de las maniobras.
El sello también habría sido utilizado para pedidos y autorizaciones médicas, entre ellas hisopados, en momentos en que Di Sarli no estaba en actividad. Valderrey remarcó que el uso indebido se habría extendido 10 años. Cuenta con documentación que respalda la irregularidad y asegura que incluso existe un reconocimiento por parte de autoridades en el que se admite que no existía autorización formal para el uso del sello.
“Tengo un reconocimiento donde admiten que no tienen ninguna autorización formal por parte de mi madre para manejarse de esta manera”, señaló.
Irregularidad
Pese a la gravedad de los hechos, asegura que no se impulsó una investigación interna dentro del hospital. “No comprendo por qué cuando mi mamá denuncia ante la dirección del Hospital, que es la línea que correspondía, no se investiga lo que había sucedido”, cuestionó.
El caso no solo involucra una posible falsificación de firma, sino también un eventual perjuicio económico al sistema de salud. “No solamente mi reclamo es por mi mamá, sino también por la estafa a las obras sociales. Quiero realmente saber qué más se hizo con el sello de mi mamá”, planteó.
Valderrey fue notificada el 4 de agosto del año pasado de que la causa había sido archivada y que se realizaría una audiencia vinculada a esa decisión. Pero asegura que el expediente tuvo movimientos posteriores sin que ella fuera convocada. “Después el juez Cosmaro pidió que se investigue nuevamente, pero en los seis meses posteriores jamás tuve ningún tipo de comunicación por parte de la Justicia, ni de la fiscalía para aportar pruebas o declarar”.
La situación se volvió aún más compleja cuando, al acercarse recientemente a la fiscalía, recibió una respuesta que generó mayor preocupación. “Me dicen que como mi madre está fallecida no se pueden peritar ni su letra ni su firma”, relató.
Remarcó que posee “un montón de documentación donde está la letra y el sello original” que permitirían realizar estudios comparativos.
Pruebas sin chequear
Para la denunciante, esta postura implica un obstáculo injustificado en la investigación. “Existen pruebas materiales que nunca fueron investigadas”, afirmó, al tiempo que consideró que la falta de avances podría configurar un escenario de presunto encubrimiento.
Valderrey asegura atravesar una situación de indefensión frente al estado de la causa. Su objetivo es que el caso no quede impune.
“Esto no solo implica una posible falsificación, sino también un grave encubrimiento institucional”, advirtió.
La denuncia pone en foco los mecanismos de control dentro del sistema público de salud y el tratamiento de irregularidades que, de comprobarse, podrían haber tenido consecuencias administrativas, legales y económicas durante años.
La familia insiste en que se retome la investigación, se realicen las pericias y se determinen responsabilidades sobre un caso que, asegura, “no puede quedar en el archivo”.
La División Recuperación de Prestaciones Realizadas del Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti”, confirmó mediante una notificación que el sello fue utilizado en distintas instancias administrativas, incluso sin respaldo formal.
En el escrito se reconoce que fue la propia médica quien, años atrás, habría entregado el sello. “Todo esto se dio en el marco de la informalidad, por cuanto fue consensuado de palabra, razón por la cual no se puede presentar ningún comprobante escrito que acredite la autorización”.
Reconocimiento
El texto también señala que el uso del sello se intensificó en momentos críticos del sistema sanitario destinándose a “subsanar las históricas falencias” del sistema administrativo hospitalario.
El documento también deja entrever un circuito administrativo deficiente, donde la presión por facturar prestaciones médicas generaba prácticas irregulares. “El presente descargo no pretende ser una defensa de la mala utilización del sello, por no contar con una autorización expresa”, reconoce la comunicación hospitalaria.
El uso indebido de un sello médico no solo implica una posible falsificación, sino también la validación de prácticas médicas o administrativas sin respaldo profesional. En el contexto de un hospital público, esto podría afectar tanto la transparencia del sistema como la seguridad de los pacientes.
Con información de Diario Jornada
