El Batallón de Ingeniería IX mantiene cerrado el acceso a la ribera del río Mayo, único espacio de recreación. Sin delimitación oficial ni ordenanzas claras, la comunidad queda atrapada en un litigio entre la Nación, la provincia y el municipio.
El cierre del acceso a la margen oeste del río Mayo por parte del Ejército Argentino, en el sudoeste de Chubut, mantiene una grieta en sus habitantes, que quedaron atrapados en una maraña burocrática entre el Estado nacional , la Provincia y el municipio.
Según pública el diario Perfil, esta historia comenzó durante la pandemia, cuando el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 de la localidad de Río Mayo, empezó a restringir la circulación en determinados días para realizar prácticas militares -como armado de puentes, maniobras con gomones o ejercicios de tirolesa.
Lo que en un inicio fueron cortes temporales se transformó en una prohibición permanente desde el 19 de agosto, sin explicación clara ni límites demarcados.
El 23 de agosto pasado, Río Mayo celebró sus 90 años con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue declarada Huésped de Honor y compartió un discurso cargado de recuerdos personales, ya que vivió en esa dependencia militar a finales de los 80, cuando su padre era segundo jefe del lugar.
Río Mayo es un pueblo de apenas 4.500 habitantes, ubicado sobre la Ruta 40, y el río es un refugio social en verano: familias, jóvenes y visitantes se concentran en sus costas para compartir un espacio vital.
La vida cotidiana en Río Mayo transcurre marcada por la presencia militar: el cuartel ocupa gran parte del ejido urbano y muchos vecinos aseguran al diario Perfil que la institución “intimida”, lo que desalienta las denuncias públicas o protestas abiertas.
En una gacetilla difundida a la comunidad, el Batallón justificó la medida en un incidente ocurrido el 17 de agosto: “Se detectó el uso de armas de fuego en proximidades de los puestos de guardia (…) se ha dispuesto el cierre permanente del camino interno ubicado sobre la margen oeste del Río Mayo, dentro de la jurisdicción militar.”
El comunicado habla de “caza furtiva” y de un riesgo para la seguridad de centinelas y ciudadanos. Desde entonces, el acceso permanece vedado.
En distintos documentos, el Concejo Deliberante recordó que los caminos de ribera lindan tanto con propiedades privadas como con predios del Ejército y de Gendarmería, y pidió establecer servidumbres para garantizar el libre tránsito. También remarcó que las aguas del río Mayo forman parte de la vida cultural y deportiva de la población, por lo que la accesibilidad debe estar asegurada de manera clara para evitar conflictos sociales.
La presidenta del Concejo Deliberante, Silvia Muñoz, reconoció a Perfil que el conflicto supera su competencia: “No podemos regular la ribera por ordenanza. Es el IPA quien fija los límites y hoy el litigio es entre el Estado provincial y el nacional”, aseguró.
Con información de Perfil
