Así consta en una denuncia que presentó la Aduana y la AFIP ante la justicia federal de Campana, sobre el accionar de 15 empresas “truchas”.
La Aduana-AFIP realizó una presentación ante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, mediante la cual denunció a 15 empresas “truchas” con 51 millones de dólares en exportaciones, cuyo plazo de liquidación está vencido, y donde solamente ingresaron 3 millones de dólares. Es decir, que el 94% de lo exportado no fue ingresado al Banco Central.
Además, de las más de 40 empresas sospechadas, DGI procedió a suspender sus CUIT, mientras que la Aduana emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero ante la UIF. A partir de esto, el juez de la causa ordenó más de ochenta allanamientos en simultáneo en todo el país, con la colaboración de la Policía Federal,en los que se secuestraron celulares, PCs, discos rígidos, documentación y dos armas de fuego (una sin su pertinente documentación).
Guillermo Michel, Director General de Aduanas, sostuvo en un comunicado que el organismo “tiene como responsabilidad asegurar que todos los exportadores operen en igualdad de condiciones, evitando maniobras irregulares que afecten las reservas del Banco Central. Los dólares son para la producción y el trabajo argentino, no para la especulación financiera”.
Todo comenzó con una investigación que realizó la Aduana y la DGI sobre las exportaciones que en los últimos dos años llevaron adelante más de 100 empresas. Se detectó nuevos exportadores de maíz partido, soja desactivada y aceites-mezcla, caracterizados por el incremento exponencial de los valores exportados. “Llamó la atención la relación desproporcionada entre las exportaciones y la capacidad económica y financiera de las empresas”, señalaron desde los organismos mencionados.
Entre los puntos en común que presentaban las empresas, la Aduana y la DGI detallaron los siguientes:
– Todas evidencian un patrón financiero similar, registrando un incremento exponencial en sus volúmenes de exportación en muy poco tiempo.
– La posición mayoritariamente utilizada es la de “Maíz Partido”, caracterizada por encontrarse fuera del sistema de precios oficiales.
– Ninguno de los operadores analizados cuenta con capacidad financiera ni operativa acordes a los volúmenes exportados.
– En todos los casos las gestiones aduaneras recaen en un solo estudio de despachantes.
– Un porcentaje elevado de las destinaciones son registradas ante la misma aduana, Campana, repitiendo el circuito de exportación en casi todos los casos.
– El monto de divisas liquidadas es sistemáticamente muy bajo en relación con los montos exportados.
– Se coteja, en algunos casos, la existencia de vinculación entre los compradores extranjeros y los exportadores.
– Muchas de las empresas analizadas se encuentran incluidas en la Base de Firmas Apócrifas (base APOC), bajo la calificación de usinas de créditos sin solvencia.
Causa Penal
En el comunicado oficial se detalló que en el Juzgado Federal de Campana se investiga la posible existencia de una asociación ilícita contemplada en el Art. 210 del Código Penal, y/o delitos tipificados en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y/o en el Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359 – T.O. 1995 Decreto N° 480/1995) y de la comisión de lavado de activos (Art. 303 inc. 1° del Código Penal).
Desde los organismos oficiales, comentaron que “las investigaciones preliminares dejaron en evidencia que las empresas exportadoras carecerían de solvencia para afrontar las operaciones de comercio exterior, lo cual demuestra que detrás de toda la estructura formal existirían uno o más exportadores ocultos, cuya identidad no fue develada por el exportador aparente. Existen suficientes elementos de convicción para sostener que el exportador real —esto es, el verdadero dueño de la mercadería— habría sido sustituido por empresas ficticias o pantalla.
Por último, se expresó que “dicha sustitución, que aparece evidente con sustento en los datos objetivos obtenidos —incapacidad económica para afrontar las operaciones—, constituye una acción tendiente a impedir o, cuanto menos, dificultar mediante métodos ardidosos el adecuado control del Servicio Aduanero sobre el tráfico internacional de mercaderías”.
